Alega en cuatro visitas no le han tomado juramento

Luis Hiram Delgado Rivera, el joven querellante en el caso etico contra el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Samuel Pagán Cuadrado, ha acudido al menos en cuatro ocasiones ante fiscales del Departamento de Justicia para declarar sobre todas las presuntas irregularidades que ocurrieron mientras laboraba en la Cámara de Representantes. En ninguna de las ocasiones las autoridades le han tomado una declaración jurada.

‘Yo he ido a Justicia al menos en cuatro ocasiones y en cuatro ocasiones no me han tomado juramento. Yo he ido al Departamento de Justicia, he dado declaraciones He hablado con diversos fiscales. Yo no me he negado a hacer esto bajo juramento ni me he negado a declarar’, aseguró Delgado Rivera desde la primera cita ante la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Mibari Rivera, el pasado 31 de julio de 2018.

Despues de que Delgado Rivera hiciera denuncias sobre manejos irregulares en la Cámara mediante un reportaje del programa Jay y sus Rayos X, la reacción del presidente cameral, Carlos ‘Johny’ Mendez, fue retarlo a que prestara una declaración jurada en Justicia. Esto, con la amenaza implícita de que sería procesado por perjurio si declaraba falsedades. Sin embargo, cooperar y prestar una declaración jurada ante Justicia es lo que ha intentado hacer Delgado Rivera mediante visitas el 31 de julio y el 1, 10 y 22 de agosto.

Cuando explotó el escándalo de WhatsApp que tocaba al círculo más cercano al Gobernador, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le marcó la pauta de la investigación a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, con expresiones públicas que la presionaban a actuar, llegando al punto que se abrió una investigación senatorial que se mantuvo abierta hasta que Justicia anunció sus recomendaciones de procesamiento criminal contra los allegados al Gobernador, y entonces la pesquisa senatorial se cerró sin mayor acción debido a la satisfacción de Rivera Schatz con el anuncio de la Secretaria. Sin embargo, con esta investigación que, al reves, toca a allegados de los presidentes legislativos, lo que se denuncia es lentitud.

‘Con relación a la investigación que conduce el Departamento de Justicia a partir de la salida del exrepresentante Samuel Pagán, la misma se encuentra adelantada. Al momento, se han emitido varios subpoenas a la Cámara de Representantes y al Senado para la producción de documentos y la citación de testigos. Por ser una investigación en curso, no podemos emitir más comentarios para no afectar la misma’, dijo mediante declaraciones escritas Rivera, directora de la División de Integridad y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, en reacción a las expresiones del exempleado.

Delgado Rivera narró a este diario la entrega de toda la evidencia en su poder, incluyendo su telefono celular, para que forme parte del expediente de las autoridades locales. Su más reciente cita fue el miercoles, 22 de agosto, cuando entregó para que copiaran todo el tracto de comunicaciones guardado en su móvil.

‘Ellos me han preguntado de todo y yo le he dado evidencia de todo. Inclusive mi celular para ambos (para que lo vieran y lo copiaran). Yo les he dado todo. Me he puesto a su disposición de declarar bajo juramento, frente al presidente y cualquier otra persona’, dijo en entrevista con NotiCel el exempleado cameral que asegura haber sido víctima de represalias tras denunciar un patrón de acoso sexual, contratación de empleados fantasmas, irregularidades en pagos por servicios y la presunta protección desde la presidencia de la Cámara al contratista de la oficina de Pagan, Isoel Sánchez Santiago.

‘El agresor era Isoel Sánchez Santiago’, acotó tras reiterar que toda la evidencia de malversación de fondos públicos y corrupción gubernamental en la oficina de Pagán está en manos de los fiscales de Justicia.

La querella radicada en mayo por Rivera Delgado provocó la renuncia del Pagán a su escaño y el referido del informe de la Comisión cameral de Ética al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor.

De igual forma, una auditoría realizada por la directora de la Oficina de Auditoría Interna de la Cámara de Representantes, María de los A. Melendez Rodríguez, halló irregularidades en los dos contratos a International Legislative and Government Consulting Group, de Sánchez Santiago, ascendentes a $238,000 otorgados por Pagán a la empresa ya que, pese a ser para asesoría legislativa se realizaron funciones que correspondían a empleados regulares.

El exempleado de Pagán asegura que durante meses antes de radicar la querella, denunció internamente el patrón de hostigamiento laboral en su contra sin que se activaran los protocolos adecuados. Aunque dio parte de lo ocurrido al director de los asesores del presidente cameral, Carlos Rivera Justiniano, a su jefa de personal Wilmarie Leduc Jorge, y a Karen Torres de la Torre, nunca activaron el protocolo, ni tan siquiera porque los representantes Jose ‘Pichy’ Torres Zamora y Lourdes Ramos así lo pidieron luego de escuchar las denuncias del entonces empleado.

De igual forma, denunció que el entonces representante no quiso intervenir con Sánchez Santiago por miedo a que el presidente cameral le quitara su protección.

‘El representante me dijo que hiciera valer mis derechos que el sabía que era una injusticia pero que no se iba a meter porque le tenía miedo a Isoel porque si se metía con Isoel iba a perder la protección del presidente de la Cámara’, relató Delgado Rivera.

Dijo que el abogado del presidente cameral y Sánchez Santiago le amenazaron de que entraría a ser parte de una ‘lista negra’ que supuestamente existe en ambos cuerpos legislativos que impide trabajar en cualquier agencia de gobierno.

‘Eso fue el 12 de abril, cuando Daniel Díaz Vanga. Yo me estaba quejando de un ambiente laboral hostil hacia mi persona y que no me estaban gustando ciertas cosas. Nos reunimos ese día, ahí me habla del ‘black list’, me dice quienes estaban. Me explica que (están) el sobrino de Aníbal Acevedo Vilá, los empleados del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz, y que el nuevo integrante iba a ser yo si el 1 de mayo no renunciaba’, relató.

‘Ellos lo que hacían era burlarse de mi persona’, en referencia a los allegados del presidente de ese cuerpo que sabían de sus denuncias y se según este, por meses se negaron a actuar.

Una auditoría llevada a cabo por la Oficina de Contraloría Electoral (OCE) reveló la pasada semana múltiples irregularidades en el manejo del financiamiento de la pasada campaña electoral del exrepresentante.

Según la OCE, Pagán proveyó informes falsos, cometió perjurio, falló en informar ingresos, gastos y cuentas por pagar, y falló en identificar donantes conforme a la Ley, entre otros descubrimientos.