Y el Gobernador los deja.

Ante el craso incumplimiento por parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) en hacer público las minutas de sus reuniones y las grabaciones de sus reuniones ordinarias, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se limitó a hacer un llamado al cumplimiento.

‘Yo le pido a todos los miembros del gobierno que actúen en ley y que actúen en la petición de cualquier ente jurídico que así lo lleve a cabo. Así que, por lo tanto, la estoy haciendo ahora porque me hacen la pregunta’, respondió el gobernador ante insistencias de este medio en conocer las medidas que tomará para asegurar cumplimiento con la ley orgánica de la AEE.

Dicho estatuto establece:

Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta deben ser transmitidas simultáneamente por Internet y expuestas posteriormente en el portal de Internet de la Autoridad

Se publicarán, además, las actas de los trabajos de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta en el portal de Internet de la Autoridad, una vez sean aprobadas por la Junta en una reunión subsiguiente

Sin embargo, la Junta de Gobierno AEE ha incumplido con estas dos obligaciones. Según se aprecia en su portal web, la última minuta publicada corresponde a la reunión del 21 de febrero de este año, mientras que el último video en archivo es de la reunión del 30 de mayo.

Fue precisamente a razón de este incumplimiento que un rotativo local demandó a la AEE para reclamar las minutas, gestión que resultó favorable, logrando la entrega del material dentro un plazo de 24 horas. Pese a que el medio posteriormente reveló el contenido de los documentos y los publicó en su portal, la AEE insiste en incumplir con su obligación estatutaria de hacer ese material público al no publicarlo en el portal oficial.

Rosselló Nevares aceptó el cumplimiento de la AEE con la orden judicial, sin embargo, no reconoció y se cantó ajeno al incumplimiento de ese cuerpo con su ley orgánica.

‘A mi entender, la Junta sometió los documentos que se habían trabajado para precisamente, el periodo que se estaba solicitando. Pero si hay algo que todavía falta por someter, alguna grabación por ejemplo o alguna minuta, pues le compete a ellos someterlo y yo le exhorto a que la sometan. Esa siempre ha sido mi petición, y yo creo que ahí está todo lo que se debe esbozar’, expresó Rosselló Nevares.

Tras insistir que no estuvo de acuerdo con el salario que fijó la Junta de Gobierno de la AEE al designado director ejecutivo, Rafael Díaz Granados -planteamiento que quedó en entredicho tras la publicación de las minutas- el gobernador reiteró su emplazamiento, pero no respondió por el incumplimiento.

‘Ya le dije, la Junta tiene que someter eso. Aquí se delega una autoridad, y le corresponde a la Junta de la Autoridad someter lo que haya sido los pedidos en ley. Si hay algo que no se ha sometido, pues obviamente se tomaran acciones. Así que con mucho gusto recibimos cuales son la documentación, alegada que no se ha sometido. Obviamente se tomarán acciones. Así que con mucho gusto recibimos cuales son la documentación alegada que no se ha sometido y con mucho gusto se encamina.

La base de esta controversia yace sobre la continua falta de transparencia por parte de la AEE, corporación pública cuyos asuntos internos generan un alto grado de interes público, especialmente despues del huracán María. Como testimonio a esa conducta de hermetismo, la Junta de Gobierno AEE todavía no cuenta con los miembros que representan el interes del consumidor, luego que el gobernador destituyera a los últimos dos que ocuparon el cargo -Luis Santini Gaudier y Carlos Gallisá- al amparo de la ley 3 del 2017.

Anteriormente, las figuras de representantes del consumidor servían como los voceros de los asuntos internos que ocurrían dentro la corporación pública. Al presente, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) encaminó la elección de este miembro de la Junta de Gobierno, proceso en el que participan todos los clientes de la AEE.

Más allá del evidente incumplimiento de la Junta de Gobierno en publicar contenido que su ley orgánica le obliga publicar, su renuencia en publicar documentos públicos refleja un patrón que ha permeado en la actual administración de gobierno. Quizás el caso más notorio lo fue la demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo para que el Registro Demográfico soltará los registros de muertes correspondientes a meses despues del huracán María.

Recientemente, la organización Espacios Abiertos tambien tuvo que demandar al estado para que tradujera al español el Plan de Recuperación que desarrolló la administración y redactó en ingles.