La Administración Fortuño pagó $302 millones como resultado de pleitos presentados contra el gobierno, detalló el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Pavía, durante la vista de transición ayer, según reportó Caribbean Business.

La cifra de pago de sentencias no incluye lo que el gobierno, es decir todos nosotros como contribuyentes, pagó en honorarios legales para los abogados y bufetes que manejaron esos litigios.

El problema de las sentencias millonarias se repite administración tras administración y, según han dicho varios abogados que litigan en contra del gobierno, se agrava porque, como son abogados privados los que representan al gobierno en esos casos, el incentivo no es a manejar el caso de la manera más eficiente para el dinero público, sino a ‘exprimirlos’ para facturar al gobierno lo más posible. Esto, unido a una potencial sentencia millonaria, hace que el gobierno gaste millones en el manejo de sus demandas.

‘Esto es súper importante porque esto es dinero que debe ir a servir al pueblo, y es algo que se puede controlar y limitar’, dijo Pavía, quien de inmediato no pudo precisar cuánto dinero todavía está pendiente de desembolso por sentencias.

‘Recibimos sentencias nuevas todos los días’, dijo.

Hay un fondo especial en el presupuesto para manejar dichos pagos y, de hecho, una de las ocasiones en las que la Administración Fortuño tomó dinero prestado fue para financiar ese fondo.

Alberto Bacó Bagué, del comité de transición entrante, pidió a Pavía recomendaciones sobre cómo la Administración García Padilla podía enfrentar el problema y adelantó su criterio de que podría ser más barato transigir las reclamaciones antes de ir a juicio y tener una sentencia.

‘Estoy seguro que en muchos de estos casos, el gobierno paga más en honorarios legales, que lo que gastaría pagando sentencias. En los negocios, se haría un análisis de costo-beneficio, además de un análisis legal’, argumentó.

El problema de las sentencias millonarias que pueden llegar en cualquier momento es que hay que manejarlas dentro de un margen presupuestario que no pasa de 7% y que representa el pedazo del presupuesto donde único hay flexibilidad, según Pavía.

Esto, porque el 93.1% del presupuesto está comprometido con gastos fijos determinados por ley o gastos fijos contratados, como el pago de los intereses, por lo que se toma prestado de las rentas de oficinas de gobierno, salud, educación, seguridad, y los salarios y beneficios de empleados públicos.

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