Federales arrestan a grupo que usó números falsos de SS para PUA y otros beneficios
Los referidos surgieron a través de la Oficina del Inspector General (OIG) y hay casi $500,000 en beneficios robados.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico reveló hoy 11 acusaciones por fraude en la obtención de ayuda de desempleo y que abarcan 12 personas y $419,580 en pérdidas para el gobierno bajo beneficios como el programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).
Uno de los casos, el del cartero José Daniel Le Hardy Figueroa que se hizo pasar por un barbero desempleado y que ya estaba preso por una acusación de narcotráfico, fue adelantado por NotiCel el sábado pasado.
Aunque son 11 pliegos acusatorios separados, nueve de ellos están relacionados con las acciones de Millisen M. Martínez Medina, quien obtuvo fraudulentamente para sí $54,870. El fiscal federal W. Stephen Muldrow no explicó cómo se relacionan los demás acusados con Martínez Medina, excepto que apuntó que son residentes de Aguas Buenas y pueblos limítrofes y que el acusado Luis Cruz Reyes, quien recibió $64,992, es pareja consensual de Martínez Medina.
Otros acusados relacionados a Martínez Medina, y la cantidad que se le imputa como beneficio del fraude, son: Jonathan Rivera Gutiérrez ($44,148), Jennifer Hernández Romero ($36,222), Mary L. Benítez Ortiz ($32,628), Daniel Colón Díaz ($68,250), Gabriel A. Robles Guzmán ($33,030), Denisse Sánchez Ortiz ($23,172) y Luis A. Flores Díaz ($20,910).
El grupo enfrenta cargos de robo de propiedad gubernamental y fraude postal, pero Martínez Medina también enfrenta dos cargos por robo de identidad agravado al usar números de Seguro Social (SS) sin la autorización de las personas a las que corresponden esos números. Según Muldrow y los pliegos, Martínez Medina usaba números de SS para conseguirle varios cheques de beneficios a los acusados. La mujer solía usar los mismos cuatro dígitos finales y cambiaba los demás dígitos. Hernández Romero, además, enfrenta un cargo de mentirle a agentes federales porque en una entrevista con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) dijo desconocer de una dirección de correo electrónico en Gmail, a pesar de tratarse de un correo que ella usa.
En el caso publicado el sábado, está acusado también Christoffer Pérez Vélez, quien habría sido el que hizo la solicitud al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) mediante la cual el cartero recibió fraudulentamente $11,388. Muldrow dijo que Pérez Vélez se va a entregar a las autoridades.
La última acusación de las anunciadas hoy es contra Félix R. Cruz Santana, de Humacao, quien obtuvo $29,970 mediante someter información falsa en su solicitud.
Muldrow indicó que los casos surgen por referidos que hizo la Oficina del Inspector General (OIG) del gobierno de Puerto Rico, que comenzó a operar bajo la Administración Rosselló Nevares. A preguntas de NotiCel, precisó que es el primer caso que presentan como resultado de colaboración con esa oficina que se supone que, en calidad de preintervención, capture posibles actuaciones ilegales en el gobierno antes de que se concreten o mucho antes que lo que lo haría una auditoría de la Oficina del Contralor.
Las acusaciones comprenden solicitudes sometidas entre el 6 de junio y el 26 de agosto y el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, aseguró que la creación del portal FastPUA el 28 de agosto redujo dramáticamente las posibilidades de fraude al validar los datos de los solicitantes con la base de datos de contribuyentes del Departamento de Hacienda. Los casi 300,000 que recibían beneficios con el sistema anterior, "automáticamente bajaron a 100,000 después del FastPUA", dijo, a la vez que admitió que el procesamiento manual y el cierre de agencias que hubo durante los primeros meses de la disponibilidad de las ayudas abrían espacio al fraude porque se podía hacer poca verificación de los datos que las personas sometían bajo juramento.
"Les va a salir caro... no abusen de las ayudas que recibimos", subrayó Muldrow, al enumerar que los cargos conllevan penas que pueden ser de hasta 20 años y que Martínez Medina enfrenta dos años mandatorios adicionales a cualquier otra sentencia por el robo de identidad agravado. El fiscal no ofreció detalles sobre investigaciones adicionales que tengan sobre este tema, específicamente si pudieran entrar en casos que el Departamento de Justicia cerró, como el que involucraba a uno o más estudiantes del Colegio San Ignacio.
El procesamiento de estas acusaciones de fraude está a cargo de los fiscales Vanessa D. Bonano Rodríguez, Camille García Jiménez y Víctor Acevedo. Se ofreció el número 1-800-269-0271 para reportar fraude relacionado con el SS.