Sostiene que el Proyecto del Senado 374 podría crear conflictos de interés, mientras sindicatos y familias insisten aliviaría la crisis de personal.
El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés reconoció que la medida tiene una intención positiva, pero dejo claro que la agencia no respalda esa práctica.
El Departamento de Educación (DE) se plantó firme ante el Proyecto del Senado 374 que propone que padres que sean empleados públicos puedan ser asistentes de servicio (T1) de sus hijos en el Programa de Educación Especial.
Aunque el secretario Eliezer Ramos Parés reconoció que la medida tiene una intención positiva, la agencia dejó claro que no respalda esa práctica por entender que podría “comprometer la objetividad profesional, crear conflictos de interés y limitar el desarrollo social del estudiante”.
En su memorial, Ramos Parés subrayó que los asistentes deben responder a las autoridades educativas, no por vínculos familiares y recomendó enfocarse en profesionalizar y adiestrar al personal especializado ya existente.
Por otro lado, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SEIU Local 1996) y, a su vez, el Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, defendieron el proyecto como una alternativa urgente ante la escasez crónica de asistentes de servicio. Argumentaron que los padres, al conocer de primera mano las necesidades de sus hijos, podrían ofrecer una atención más humana y constante dentro del salón de clases.
“Esto no es una ocurrencia, es una necesidad”, plantearon representantes del sector, destacando que la falta de personal especializado ha provocado interrupciones en los servicios, además de una carga excesiva sobre los pocos T1 activos. Las organizaciones insistieron que la medida, lejos de generar conflictos, fortalece el vínculo familiar y optimiza recursos públicos.
Además, reclamaron que el debate debe incluir las condiciones laborales de los asistentes, muchos de ellos con plazas transitorias y salarios mínimos que rondan los $11 por hora.
“Si el sistema estuviera funcionando, no haría falta que los padres pidan llenar los vacíos”, advirtieron.
Portavoces de los asistentes de servicio coincidieron en que la medida parte de un reclamo legítimo, pero alertaron que su implementación requeriría adiestramientos obligatorios, criterios claros de selección y coordinación interagencial.
Algunos advirtieron que destacar empleados públicos desde otras agencias podría afectar servicios esenciales en salud o seguridad, mientras otros recomendaron realizar un estudio previo sobre la disponibilidad real de padres empleados públicos antes de aprobar la medida.
El PS 374 ha abierto un debate que va más allá del aula: cómo balancear la necesidad de personal en educación especial con la independencia y bienestar de los estudiantes.
Mientras Educación sostiene que los apoyos deben venir de profesionales neutrales, las familias y sindicatos reclaman que el sistema ya está colapsado y necesita soluciones inmediatas.
La medida, presentada por la senadora Brenda Pérez Soto, continuará siendo evaluada por las comisiones de Educación y de Trabajo del Senado antes de pasar a votación.
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