Mientras LUMA y la AEE insisten en cautela técnica y cumplimiento regulatorio, el Proyecto Alternativa Nuclear destaca viabilidad y los Industriales advierten sobre los riesgos y costos de una apuesta atómica.

La discusión sobre la Resolución de la Cámara 400, que ordena a la Comisión de Desarrollo Económico investigar la posibilidad de establecer una planta de energía nuclear en Puerto Rico, generó posturas encontradas entre agencias y sectores económicos.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sostuvo que los reactores modulares pequeños (SMR) y los microreactores “podrían representar una opción estratégica para modernizar el sistema energético” por ser una fuente base limpia, confiable y con altos estándares de seguridad.

No obstante, hizo hincapié en que cualquier análisis debe considerar “las particularidades regulatorias, ambientales y sociales” de la Isla y advirtió que integrar una planta de gran escala sería incompatible con la capacidad y estabilidad actual de la red.

La AEE dejó claro que, aunque la tecnología ha evolucionado hacia modelos más seguros y eficientes, su adopción requeriría aceptación pública, infraestructura sólida y planificación escalonada, destacando que “el reto no es tecnológico, sino de preparación y confianza del sistema”.

Por su parte, LUMA Energy indicó que su función se limita al manejo técnico del sistema de transmisión y distribución, pero coincidió en que cualquier evaluación nuclear debe sustentarse en estudios formales de viabilidad y de impacto al sistema eléctrico.

El vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, Michel Juarbe, puntualizó que “es poco probable que la energía nuclear contribuya significativamente a la descarbonización o a la seguridad energética a corto plazo”. Añadió que un giro hacia esa dirección requeriría revisar el Plan Integrado de Recursos (PIR), que actualmente proyecta una transición total a fuentes renovables para 2050.

Desde una posición más optimista, el Proyecto Alternativa Nuclear (NAP) defendió la exploración de los SMR como herramienta para diversificar la matriz energética, estabilizar precios y generar empleos de alto perfil técnico.

La organización aseguró que los nuevos reactores, más compactos y automatizados, “pueden operar con seguridad incluso en islas pequeñas y zonas sísmicas”, y citó encuestas que reflejan una alta apertura ciudadana a considerar la energía nuclear bajo controles modernos. También resaltó que Puerto Rico podría beneficiarse económicamente del ensamblaje o manufactura de componentes vinculados a esa industria emergente.

En contraste, la Asociación de Industriales de Puerto Rico rechazó la opción nuclear por considerarla costosa, riesgosa e inviable en el corto y mediano plazo.

El grupo alertó que la Isla enfrenta “una crisis energética marcada por la inestabilidad del sistema y la falta de mantenimiento”, por lo que insistió en dirigir los recursos hacia robustecer la transmisión y distribución, automatizar la red y combinar renovables con almacenamiento.

“Apostar a la energía nuclear sin resolver los problemas estructurales sería construir sobre cimientos de arena”, advirtió Vélez Domínguez, quien propuso priorizar soluciones escalables y sostenibles.