Durante el 2014, unas 17,719 personas solicitaron tener licencias para portar armas en la Isla, de las cuales 16,700, aproximadamente, han sido otorgadas. El número, según el teniente Jaime Colón Rodríguez, de la División de Registro de Armas de la Policía, supone una reducción de casi dos mil pedidos a esa unidad, pues en el 2012 y 2013 las solicitudes llegaron casi a las 20 mil.

Para el oficial de la Uniformada, esa baja podría atribuirse a la situación económica en el país, aunque destacó que las investigaciones que inició el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre el registro de armas también colaboraron a la disminución.

Sobre ese particular, especificó el caso del abogado Antonio Peluzzo Perotín, acusado a nivel federal por ser el líder de un esquema para conseguir licencias fraudulentas de armas de fuego. El notario, a través de una armería, pudo haber beneficiado a unas mil personas que hace unos meses pudieron haber estado en la calle ilegalmente armados.

Cabe destacar que ese negocio ilegal fue descubierto por el policía Joaquín Correa Ortega y su compañero, Víctor Pérez. El primero de los agentes murió en marzo tras un enfrentamiento a tiros en la Plaza de los Caballos en Humacao donde se celebrara una feria ilegal de venta de armas. En el incidente, Pérez resultó herido.

Aunque la Oficina de Estadísticas de la Policía tiene cifras de las armas ilegales ocupadas, aún ese cuerpo de seguridad no tiene un mecanismo que especifique cuántas de esas permanecen en la calle en un país que a diario asesinan a personas y en donde la violencia, muchas veces motivada por el trasiego de drogas, sigue cobrando vidas.

En el 2014 se reportaron unos 200 asesinatos menos en comparación con el año anterior, según números oficiales provistos por la Oficina de Prensa de la Uniformada.

Al cierre de esta nota, la Policía había registrado 680 asesinatos en el año, número que se redujo en 206 versus el 2013, que reportó 886. San Juan, Bayamón y Carolina ocuparon las primeras tres posiciones en la lista de pueblos con más asesinatos con 114,112 y 94, respectivamente.

Esa merma, según la Uniformada, se debe al plan anticrimen y a los cientos de operativos que realizó las distintas unidades de la Policía en sus 13 regiones alrededor de la Isla.

Una de esas iniciativas es el programa de detección de disparos ‘Shotspotter’, sistema que utiliza sensores acústicos para identificar de dónde específicamente provienen los disparos.

Ese proyecto inició en julio de 2013 y aunque la administración de turno reclamó victoria con su estrategia, solo ha logrado, a año y medio de su comienzo, la ocupación de 23 armas de fuego y 25 personas arrestadas, de las cuales ninguna ha sido convicta.

Recientemente el gobernador Alejandro García Padilla, y el superintendente José Luis Caldero López, anunciaron la expansión del programa a casi toda el área metropolitana, sin revelar, para no alertar a los delincuentes, dónde ubicarían los sensores.

‘En todo el país el crimen se está reduciendo, en todos los renglones de delitos tipo 1 dramáticamente desde el 2012 y la propia Policía lo afirma. Los hechos están ahí y hablan por sí solos’, afirmó el Mandatario en aquel entonces, al explicar que por medio del sistema los agentes habían ocupado 1,300 municiones y 22 vehículos de motor; ninguna de la intervenciones relacionadas a casos de asesinatos.

El programa de detección de disparos fue adoptado luego de un acuerdo entre la Policía y el Departamento de la Vivienda por medio de fondos federales. El proyecto, cuyo costo ascendió a 5 millones de dólares, se dividió en tres etapas: instalación, mantenimiento y operación.

El sistema es operado por la compañía estadounidense ShotSpotter Inc. con sede en Califonia, y ha sido instalado en varias ciudades de Estados Unidos como Miami, Kansas City y Milwaukee.

En la primera de esas ciudades, hubo encontronazos con los comisionados de seguridad, pues algunos de ellos rechazaron el programa por entender que el mismo era inefectivo y no detallaba de dónde en específico provenían los disparos.

En Nueva York, en el condado de Suffolk, la empresa que operaba el sistema tuvo que ajustarlo para que identificara mejor las detonaciones. Luego de varios meses y evaluaciones, solo un 7 por ciento de las activaciones en el programa resultaron ser disparos.