True Self Foundation y LatinoJustice PRLDEF llevaron ante el Congreso sus denuncias sobre los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ luego de solicitar reuniones al Gobierno de Puerto Rico y no recibir respuesta. 

Organizaciones y activistas de derechos civiles presentaron ante miembros del Congreso de los Estados Unidos una sesión informativa en la que denunciaron la legislación anti-LGBTQ+ aprobada este cuatrienio en Puerto Rico y los crecientes desafíos que enfrentan las personas trans y no binarias en la isla.

“En un momento histórico, acudimos al Congreso para denunciar los ataques sistemáticos contra nuestra comunidad, en particular contra las personas transgénero y no binarias, por parte del actual gobierno. Es imperativo que los aliados en todos los niveles de gobierno alcen la voz en apoyo de la igualdad y en contra de las medidas que restringen o eliminan los derechos fundamentales”, declaró el director ejecutivo de True Self Foundation, doctor Miguel Vázquez Rivera. 

True Self Foundation y LatinoJustice PRLDEF llevaron ante el Congreso sus denuncias sobre los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ luego de solicitar reuniones al Gobierno de Puerto Rico y no recibir respuesta. 

“Vemos una ola y un patrón de legislaciones anti-LGBT específicamente en contra de las

juventudes trans y sus familias, que no podemos pasar por alto, y nuestros esfuerzos locales de reunirnos con la gobernadora, por ejemplo, no han sido recibidos. Así que nos toca llamar y tocar las puestas de gente aliada de los Estados Unidos que pueda tener alguna influencia sobre el gobierno local”, explicó Vázquez Rivera. 

La reunión fue organizada por Caucus Hispano y el Caucus de Equidad del Congreso que está compuesto mayormente por legisladores demócratas, y también se reunieron con la oficina de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez. El doctor Vázquez Rivera afirmó que la inmensa mayoría de la gente que participó estaban “escandalizada” por los datos que se compartieron.

“Datos que vienen del gobierno de Puerto Rico, donde nos dicen que más del 40% de los jóvenes que no son heterosexuales, jóvenes de la comunidad LGBT+, entre las edades de 11 y 18 años, intentaron quitarse la vida. Eso es más de 8 veces la gente heterosexual que lo intenta», señaló Vázquez Rivera.

Los datos a los que hace referencia provienen de la Consulta Juvenil 2020-22, una investigación que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) encargó a la Universidad Central del Caribe con una inversión de medio millón de dólares.

¿Cuáles son las legislaciones?

Algunas de las legislaciones que denunciaron las organizaciones fueron sobre la prohibición de la atención médica de afirmación de género para personas transgénero y no binarias menores de 21 años (Ley 63-2025), lo cual consideran que criminaliza a los profesionales de la salud que brindan dicha atención, pues impone penas de 15 años de cárcel, multas de $50,000 y la revocación de licencias a quienes la incumplan. La medida, que entró en vigor en octubre pasado, también prohíbe el uso de fondos públicos para estos tratamientos.

“Hay familias que se han ido fuera de Puerto Rico a vivir porque su familiar está directamente afectada por esta ley, donde tenían un tratamiento estable, efectivo, seguro, y al momento de aprobarse la ley, la gente se quedó sin tratamiento. Entonces cuando hablamos de una ley que alegadamente está velando por el bienestar de los menores, el detener el tratamiento hormonal de un menor, puede ser detrimental para la salud física del menor”, explicó Vázquez Rivera. 

Las organizaciones también denunciaron la Ley 14-2025, conocida como la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, que permite a funcionarios gubernamentales y profesionales licenciados por el Estado negar servicios basándose en sus creencias religiosas, así como la apelación del gobierno de Puerto Rico al fallo del tribunal federal en el caso De la Fuente Díaz v. González Colón, que permitiría a las personas no binarias corregir el marcador de sexo en sus actas de nacimiento con una «X». 

A estas se suma la ley firmada en febrero de 2026 que prohíbe los baños inclusivos o mixtos en instalaciones gubernamentales. Igualmente, señalaron acciones administrativas como la eliminación de la cobertura de terapia hormonal bajo el plan de salud del gobierno, la eliminación de los baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico y la remoción de referencias a la identidad de género en los planes de estudio, protocolos y documentos oficiales del Departamento de Salud.

 A nivel federal, alertaron sobre una propuesta que revocaría la regla de igual acceso de HUD, lo que podría excluir a las personas LGBTQ+ del acceso a la vivienda pública.

Otros reclamos

Durante la sesión, las organizaciones también expusieron las trabas que enfrentan las entidades LGBTQ+ en Puerto Rico para conseguir fondos públicos y privados que les permitan ofrecer servicios esenciales.

“Los derechos LGBTQ+ son derechos humanos. La legislación que atenta contra estos derechos, impulsada, aprobada e implementada en Puerto Rico, es contraria a los ideales de quienes defienden los derechos LGBTQ+ y creen que todas las personas tienen dignidad y el mismo derecho a acceder a la atención médica, el empleo, la educación y los servicios de apoyo familiar. La actual condición de Puerto Rico como colonia agrava aún más las dificultades que enfrentan quienes defienden los derechos LGBTQ+ en la isla.”, declaró la Jefa de Abogacía de LatinoJustice PRLDEF, Anita Teekah. 

Según explicaron, el estatus territorial agrava el problema: fundaciones estadounidenses suelen excluir a la isla de sus programas por ser un territorio y no un estado, mientras que las internacionales tampoco la consideran elegible al no ser un país independiente, dejando a estas organizaciones en un limbo de financiamiento.