El proyecto no fue llevado a votación en la Legislatura en esta sesión.

Un amplio frente de organizaciones ambientales, agrícolas, comunitarias, culturales y de justicia social denunció la intención del Senado de Puerto Rico de aprobar una nueva reforma de permisos sin un proceso transparente de participación ciudadana y con disposiciones que representan una amenaza directa para el futuro ambiental, económico y social del archipiélago.

“Lejos de abordar los problemas reales del sistema de permisos, el proyecto sustitutivo profundiza en un modelo que privilegia los intereses de unos pocos por encima del bienestar colectivo y de la planificación responsable del territorio. La medida se impulsa precisamente cuando Puerto Rico enfrenta una sequía inminente, el aumento de los costos de los alimentos, la crisis climática y una creciente vulnerabilidad de nuestras comunidades costeras y de nuestra infraestructura crítica”, plantearon en un comunicado las organizaciones del Frente, que incluyen a Amigxs del MAR, Boricuá, Kilómetro 0, El Josco Bravo, Sembrando Sentido, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Ciudadanos del Karso, Sierra Club y Earth Justice, entre muchas más.

De acuerdo con las organizaciones, la propuesta convierte las protecciones ambientales y de planificación en obstáculos que hay que remover, y no en herramientas indispensables para garantizar el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la conservación de nuestros ecosistemas y la permanencia de las futuras generaciones en el país.

“Eliminar esta protección puede traer consecuencias irreversibles. El proyecto crea un entramado confuso y peligroso que reduce la capacidad del Estado para establecer nuevas protecciones, fragmenta terrenos agrícolas esenciales para la producción de alimentos y altera conceptos fundamentales para la protección, conservación y defensa de la zona marítimo-terrestre y otros espacios de alto valor ecológico”, advierten las organizaciones.

Igualmente preocupante para el Frente es que la medida pretende subordinar la protección de los recursos naturales a la capacidad económica del gobierno para adquirirlos y explotarlos. “Bajo este esquema, si el Estado no logra adquirir o cumplir con requisitos procesales excesivos, los espacios protegidos podrían perder automáticamente sus salvaguardas. Se crea así un perverso incentivo económico en el que unos pocos podrían lucrarse tanto de la protección como de la destrucción de nuestros bienes comunes”, indican.

La propuesta, según ellos, también limita la capacidad del país para responder a los retos del presente y del futuro. Ignora las lecciones dejadas por los huracanes Irma y María, los terremotos del sur y los eventos extremos cada vez más frecuentes asociados al cambio climático. En vez de fortalecer nuestra resiliencia, pretende amarrar a Puerto Rico a una visión de desarrollo anacrónica, dependiente y profundamente desigual, afirmaron.

“Esta reforma no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una serie de medidas que han ido debilitando las herramientas con las que cuenta el pueblo para defender sus tierras, sus costas, sus comunidades y sus derechos. Mientras se castiga a quienes luchan por conservar el país y se criminaliza la participación ciudadana, se facilita la especulación y la privatización de recursos esenciales”, exponen las organizaciones.

Añadieron que el verdadero desarrollo económico no puede construirse sobre la destrucción de nuestros ecosistemas y patrimonio edificado, el desplazamiento de nuestras comunidades ni la pérdida de nuestras tierras agrícolas, sino que es aquel que garantice agua limpia, soberanía alimentaria, vivienda digna, salud, acceso a nuestras costas y playas, empleos justos y la protección de nuestro patrimonio natural y cultural.

“Ante esta amenaza, hacemos un llamado urgente al Senado de Puerto Rico y a la Cámara de Representantes a detener la aprobación de esta medida y abrir un proceso amplio, transparente y participativo que incluya a comunidades, agricultores, científicos, organizaciones ambientales, sectores culturales y a toda la sociedad. Puerto Rico merece una política pública que fortalezca la planificación, la adaptación climática y la protección de la naturaleza, no una legislación diseñada para beneficiar a unos pocos a costa del futuro del país”, concluyeron las organizaciones en su comunicado.