“La OCPR tenía conocimiento pleno de la demanda, de la orden emitida y de la controversia judicial activa», dijo el alcalde.

El Municipio de Cataño denunció hoy la actuación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (“OCPR”) tras publicar un informe investigativo contra el municipio aun cuando el asunto se encontraba formalmente ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia.

El alcalde Julio Alicea Vasallo dijo en un comunicado que existía una orden de mostrar causa emitida por el tribunal requiriéndole expresamente a la OCPR justificar por qué no debía concederse el remedio solicitado por el municipio: impedir precisamente la publicación del informe sin antes brindarle la oportunidad de confrontarlo y comentarlo mientras se resolvía la controversia judicial presentada.

“La actuación de la OCPR representa un desafío directo al proceso judicial y a la autoridad del tribunal”, afirmó el alcalde.

Según Alicea Vasallo, el municipio presentó un recurso de Mandamus luego de que la OCPR se negara a permitir siquiera una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de su divulgación pública. “Ante los planteamientos presentados, el tribunal intervino formalmente, acortó términos y ordenó a la OCPR comparecer dentro de cinco días para mostrar causa por la cual no debía concederse el remedio solicitado. Ese remedio era claro: detener la divulgación del informe mientras el tribunal evaluaba los planteamientos levantados por el municipio”. 

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“La OCPR tenía conocimiento pleno de la demanda, de la orden emitida y de la controversia judicial activa. Sin embargo, en lugar de comparecer primero ante el tribunal y respetar el proceso judicial en curso, decidió publicar el informe de todas formas, haciendo exactamente aquello que el tribunal estaba evaluando impedir. No se trató de un acto administrativo ordinario. Se trató de una actuación deliberada que tuvo el efecto práctico de derrotar el remedio solicitado, hacer irreparable el daño y convertir en académica la controversia antes de contestarle al tribunal”, agregó el alcalde.

“Cuando un Tribunal emite una Orden de Mostrar Causa sobre un remedio específico, las agencias del Ejecutivo no tienen licencia para ignorar el proceso judicial y actuar unilateralmente como si la intervención judicial fuera irrelevante. El respeto a la separación de poderes exige precisamente lo contrario”, indicó.

Representante Torres pide acción a Justicia y a Ética Gubernamental

El representante por acumulación Ramón Torres exigió hoy al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental actuar de manera inmediata tras el contundente informe emitido por la Oficina de la Contralora sobre el Municipio de Cataño, donde se documenta un patrón de uso indebido de fondos públicos, propiedad municipal y recursos gubernamentales para fines político-partidistas y personales.

“El informe de la contralora describe una cultura de abuso de poder y utilización ilegal de recursos públicos que no puede quedar impune. Aquí no estamos hablando de errores administrativos menores; estamos hablando de posibles violaciones de ley, uso propiedad del gobierno para fines político-partidistas y mal manejo de dinero del pueblo”, expresó Torres.

El legislador destacó que el informe revela alegaciones sumamente serias, incluyendo el uso de computadoras y correos electrónicos oficiales para propaganda política, utilización de fondos municipales para materiales vinculados a campañas, uso de vehículos y maquinaria pública para fines privados, pagos indebidos y deficiencias graves en el control de vehículos municipales.

“Cuando la Contralora hace referidos a Justicia y Ética Gubernamental, el país espera acción inmediata y consecuencias reales. Ambas agencias tienen la responsabilidad de investigar con rapidez y profundidad cada uno de estos señalamientos y determinar responsabilidades civiles, administrativas y criminales”, sostuvo.

Finalmente, el representante hizo un llamado para que tanto el DJ, OEG y el DRNA atiendan con urgencia los referidos realizados por la Contralora y mantengan informado al país sobre las acciones que tomarán.