La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado solicitó la renuncia o destitución de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al revelar que una investigación del Departamento de Salud había concluido que cometió delito en el cuatrienio pasado con relación a contrataciones para atender a un paciente discapacitado por $60,000 mensuales.

Salud hizo el referido al Departamento de Justicia el 18 de marzo de 2022, pero aparentemente no sucedió nada con el mismo durante la administración Pierluisi Urrutia y el 30 de octubre pasado, bajo la administración González Colón, archivaron la pesquisa sin resultado.

El portavoz de la delegación, senador Javier Hernández Ortiz, destacó que este trámite conlleva que Roig Fuertes mintió al Senado cuando evaluaban su nombramiento a Familia porque no divulgó la pesquisa, aunque sabía que estaba en curso.

Ante el hecho de que el referido de Salud ya contiene declaraciones juradas, pidió también a Justicia que reabra la investigación y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que indique si existen, o existieron, referidos allí contra Roig Fuertes. Está pendiente también una solicitud del Senado a Justicia para que entreguen el expediente de la investigación contra la funcionaria.

Según expuso la delegación, siendo la directora de la División de Discapacidad Intelectual de Salud, Roig Fuertes gestionó un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un solo participante a cambio de que el centro donde se cuidaría a ese participante, subcontratara a una empresa de seguridad cuyo presidente previamente había tenido relación contractual con Roig Fuertes. El referido de Salud establece que pudo haber enriquecimiento ilícito o injustificado en esa gestión.

Añadieron que Roig Fuertes instruyó a los dos proveedores de servicio que cuidaban del paciente a que subcontrataran los servicios de la empresa One Source Investigations LLC, una compañía de seguridad. El primer proveedor, Hogar Hacienda San Luis, sometió propuesta por $29,424 mensuales, pero Roig Fuertes intervino para elevar el pago a $60,000 mensuales y entonces le dijo al dueño que contratara a One Source. Tras cuatro meses en ese lugar, y por un incidente con otro paciente en el hogar, el paciente bajo el programa que dirigía Roig Fuertes fue trasladado a otro proveedor, Hogar Comunitario Brother’s Home. A ese proveedor, también le dijeron que con el paciente iba a ir también One Source. El administrador del segundo hogar indicó que el presidente de One Source le dijo que tenía que darle $40,000, después de que el gobierno le pagara a él por el cuido del paciente.

“Ya no tenemos a uno, sino a dos administradores de hogares narrando bajo juramento, porque ambos prestaron declaraciones juradas, la conducta desplegada por Suzanne Roig Fuertes”, apuntaló la senadora Ada Álvarez Conde.

Hernández Ortiz resaltó otro aspecto.

“Siendo Suzanne Roig titular de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), firmó el 30 diciembre de 2020, a escasamente horas de dejar su cargo en esa agencia, un contrato de servicios profesionales con vigencia del 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 ¿saben con quién? Con el licenciado Carlos Padín”, dijo. Este abogado, añadió, representó también a One Source y también a la propia Roig Fuertes en la investigación administrativa de Salud. Ahora, como secretaria de la Familia, la funcionaria extendió un contrato de $6,000 mensuales por servicios legales en el Departamento de la Familia. Además, el presidente de One Source, Jesús Nadal Sárraga, tuvo contrato con ASSMCA cuando Roig Fuertes era la administradora de la agencia.