En caso de becas presidenciales

El expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker y el exrector del Recinto de Rio Piedras de la UPR, Carlos Severino, enfrentarán juicio luego que un tribunal encontrara causa para juicio en cinco de los seis cargos que enfrentaban por la otorgación de becas presidenciales.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (OPFEI) informó que el juicio quedó pautado para el 21 de octubre.

El expresidente de la UPR enfrenta dos cargos por malversación de fondos. Dos por violación a la Ley de Ética y uno por incumplimiento del deber. En el caso del exrector, pesan dos cargos por violaciones a la Ley de Ética, dos por intervenir indebidamente y otro por omisión en el cumplimiento del deber. Ambos exfuncionarios tendrán que regresar al Tribunal el 12 de septiembre para la lectura de acusación.

El caso se remonta al 24 de octubre de 2016, cuando Justicia presentó varias denuncias al Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Walker y Severino, participaron en la entrega de las tres becas de estudios graduados en la UPR. Se presumía que las subvenciones fueron concedidas de manera dudosa porque los becarios fueron recomendados antes de la fecha de convocatoria.

Igualmente, y contrario a la reglamentación de los fondos, los agraciados no tenían enfoques académicos prioritarios ni solicitaban ingresar a instituciones de alto prestigio, con la excepción de uno.

En esa línea, el tribunal no encontró causa en los casos relacionadas la beca presidencial otorgada a Arturo Ríos Escribano por esta haber sido otorgada cumpliendo con los parámetros establecidos por la UPR. El hoy abogado reaccionó satisfecho con la determinación que reitera la decisión de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) que ya había concluido que la beca que se le había otorgado cumplió con el requisito de necesidad institucional y con todos los parámetros reglamentarios.

‘En su momento y a pesar de conocer la legitimidad del reconocimiento que se me dio, yo decidí voluntariamente devolver la totalidad del dinero otorgado para disipar dudas y proteger mi buen nombre. De hecho, la Comisión investigativa ‘Comisión Investigadora’ de las Becas Presidenciales nombrada en el 2016 por la administración de turno hizo determinaciones que tanto la OEG como el Tribunal hoy descartan. Con esta determinación de hoy, pretendo darle cierre a este capítulo que tanto daño me ha hecho a mí y a mi familia. Quedo con la tranquilidad que me da mi ética laboral y la satisfacción del trabajo bien hecho’, dijo Ríos Escribano en sus redes sociales.

La fiscal independiente del caso es Zulma Fuster.