La Junta está pidiendo una explicación entre las variantes en la matrícula pronosticadas para el año académico 2025-2026 y los números reales “y explicar cómo la incertidumbre en torno a la matrícula es incorporada en las proyecciones financieras”.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó al Departamento de Educación que revise y vuelva a presentar su plan financiero multianual, tras concluir que el documento entregado el 31 de agosto no permite determinar plenamente cuánto dinero necesitará la agencia para sostener sus operaciones ni cómo financiará los programas recurrentes que han dependido de fondos federales temporeros.

Y entre la información que la Junta quiere recibir de Educación está la metodología, fórmulas, fuentes de información y proyecciones utilizadas para “proyectar la matrícula de estudiantes para cada año cubierto por el plan revisado”.

La Junta está pidiendo una explicación entre las variantes en la matrícula pronosticadas para el año académico 2025-2026 y los números reales “y explicar cómo la incertidumbre en torno a la matrícula es incorporada en las proyecciones financieras”.

Educación tendrá que validar ante la Junta sus proyecciones de matrícula contra la información demográfico disponible y patrones poblacionales.

“Cualquier diferencia material entre la proyección demográfica y las proyecciones de matrícula utilizadas en el plan financiero tienen que ser identificadas y explicadas, incluyendo el posible efecto en la configuración de escuelas…”, lee la carta con fecha de ayer firmada por el director de la JSF, Robert Mujica.

La carta de la Junta no establece una reducción específica de personal ni ordena el cierre de escuelas o la cancelación de un programa particular.

El 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para entregar un nuevo plan, a ser preparado con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y que abarque los años fiscales 2027 a 2032.

La Junta advirtió que las necesidades de financiamiento de Educación que permanecen sin resolver constituyen uno de los riesgos más significativos del presupuesto del Fondo General para este año. Según la comunicación, ese riesgo deberá atenderse y resolverse antes de que el Gobierno y el organismo fiscal puedan certificar el presupuesto del año fiscal 2028, a más tardar el 30 de junio de 2027.

La Junta sostuvo que un primer documento presentado por Educación no ofrece el marco integral de planificación solicitado. Entre las deficiencias señaladas figuran la falta de un panorama consolidado de los recursos del Departamento, de fuentes sostenibles para determinados gastos recurrentes y de medidas concretas para responder a posibles insuficiencias de fondos.

La comunicación da seguimiento a una solicitud del 31 de agosto de 2026. Educación respondió el 9 de septiembre con un plan que cubre desde el año fiscal 2025-2026 hasta el 2029-2030, identificado en la carta como el Plan Financiero 2026-2030. El período requerido, sin embargo, comprende el año fiscal 2027 y los cinco siguientes.

Incertidumbre sobre el financiamiento de programas cuando venzan los fondos

Uno de los principales reclamos de la Junta es que Educación identifique los programas, servicios, actividades y gastos recurrentes que antes se sufragaban, o todavía se sufragan, total o parcialmente, con fondos federales no recurrentes.

El nuevo documento deberá precisar cuánto costará cada uno por año, qué fuente de financiamiento lo sostendrá y cuánto aportará cada fuente. También tendrá que identificar cualquier gasto, o porción de este, para el cual no exista una alternativa sostenible.

El objetivo, según la carta, es comparar año por año las necesidades operacionales y programáticas con los recursos recurrentes razonablemente disponibles, y determinar qué insuficiencias persistirían después de aplicar ese financiamiento.

Esa comparación también deberá permitir establecer si las proyecciones dependen de fondos adicionales del Gobierno que aún no cuentan con respaldo y si será necesario realizar ajustes programáticos, reasignaciones, reducciones u otras medidas de mitigación.

Para explicar el alcance de la información que considera necesaria, la Junta utilizó como referencia el Plan Financiero a Largo Plazo de Educación para los años fiscales 2021-2026, desarrollado por el Departamento.

Según la comunicación, aquel plan identificó individualmente las principales subvenciones federales de emergencia y otras asignaciones no recurrentes, con sus nombres, cantidades y fechas de vencimiento. En ese momento, reportó aproximadamente $7,776 millones en esos recursos. La Junta aclaró que esa cifra histórica no representa una insuficiencia anual de financiamiento operacional recurrente, porque incluye fondos de recuperación y otros recursos destinados a distintos propósitos.

El señalamiento es que el Plan Financiero 2026-2030 no presenta un desglose equivalente que permita conocer qué subvenciones financiaron las operaciones, cuándo vencieron o vencerán y qué costos recurrentes permanecerán después de agotarse.

El Departamento también deberá distinguir entre las asignaciones totales y los gastos anuales, y separar el dinero temporero utilizado para operaciones recurrentes del destinado a proyectos de capital o actividades de duración limitada.

El Fondo General no puede usarse para cuadrar las proyecciones

Otro de los puntos centrales de la carta es la participación de la OGP en la identificación y validación de los recursos que podrían sustituir las asignaciones federales temporeras.

La Junta advirtió que, si Educación supone que el Fondo General u otros recursos del Gobierno cubrirán gastos recurrentes antes financiados con fondos federales no recurrentes, esos supuestos deberán evaluarse junto con la OGP y reflejarse consistentemente en la planificación fiscal y presupuestaria gubernamental.

La transición hacia fondos estatales no debe utilizarse simplemente como un supuesto para cuadrar las cifras, indicó el organismo.

En consecuencia, el plan deberá separar las necesidades proyectadas de los recursos ya presupuestados, los razonablemente disponibles y los que todavía deben identificarse. También deberá distinguir las asignaciones futuras proyectadas de las vigentes, sin presentar las primeras como compromisos de financiamiento aprobados.

Según la Junta, este proceso debe permitir planificar, priorizar y asignar los recursos disponibles a los compromisos operacionales recurrentes antes de destinarlos a otras iniciativas.

Reclaman un panorama financiero de todo el Departamento

La Junta solicitó una presentación consolidada, para cada año fiscal de 2027 a 2032, que incluya todas las principales fuentes de financiamiento, los gastos, los recursos disponibles y las insuficiencias proyectadas de Educación.

La Junta también exigió reconciliaciones con los presupuestos anuales aplicables y con los resultados reales disponibles. La entrega tendrá que incluir un modelo financiero editable con fórmulas, datos de origen y supuestos, no únicamente una exposición narrativa de las proyecciones.

Matrícula y personal: exigen explicar cómo se calculan los costos

La comunicación dedica varios requisitos a las proyecciones de matrícula y a su relación con las necesidades de personal y los gastos.

Aunque el plan entregado presenta proyecciones de personal por categorías generales y reconoce factores que podrían limitar los ajustes de plantilla, la Junta señaló que no identifica suficientemente las reglas utilizadas para calcular esas necesidades.

Entre los factores operacionales mencionados en el documento figuran la conversión de escuelas regulares en especializadas y la necesidad de empleados con determinadas certificaciones o especialidades.

El plan revisado deberá incluir las políticas vigentes, cartas circulares, proporciones de personal, reglas programáticas u otros estándares aplicables. Una tabla o presentación equivalente tendrá que permitir rastrear cada cálculo de personal hasta la regla o el supuesto que lo sustenta.