El proyecto tiene una vigencia de 25 años y consiste en el desarrollo de 17 campos con un total de 65,000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles por día.

EFE – El histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, pese a los beneficios prometidos, es visto con cautela por expertos no solo por las incógnitas que existen una semana después de su anuncio, sino por los retos en infraestructura en el país suramericano y ante futuros cambios políticos.

Además, advierten sobre los riesgos que acarrea su ejecución por parte de una sola compañía, dirigida por un cuestionado empresario.

A continuación, cinco aspectos en torno al acuerdo:

Las promesas
El convenio, que contempla la explotación de una quinta parte de los más de 303,000 millones de barriles que Venezuela tiene en reservas, las mayores del mundo, fue anunciado el 28 de agosto por las autoridades venezolanas -cuya legitimidad es cuestionada por parte de un sector de la oposición- y por la Administración estadounidense.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo incrementará «considerablemente» la producción petrolera de su país, hoy en 1.2 millones de barriles por día (bpd), menos de la mitad del crudo que extraía en 1998, un año antes de la llegada del chavismo.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, prometió que se duplicarán las reservas petroleras de su país, reducidas por la guerra contra Irán a un nivel no visto desde 1983.

Rodríguez dijo el miércoles junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que espera que el convenio también beneficie a los ciudadanos del país norteamericano.

Los interrogantes
Para el economista Asdrúbal Oliveros, se trata de «un convenio de una escala extraordinaria», pero «precisamente por esa magnitud» considera «prematuro evaluar el acuerdo como si ya fuese una realidad».

«Hasta ahora conocemos anuncios y algunos términos generales, pero no tenemos suficientes detalles sobre la arquitectura contractual, las garantías, el régimen fiscal y los compromisos efectivos de inversión. Además, hay una diferencia enorme entre tener derechos sobre reservas y convertir esas reservas en producción, exportaciones y flujo fiscal», declaró a EFE.

El proyecto tiene una vigencia de 25 años y consiste en el desarrollo de 17 campos con un total de 65,000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de bpd, según Rodríguez.
Además, se prevé una inversión de más de $100,000 millones, lo que, de momento, significa una «aspiración muy ambiciosa, no capital ya comprometido y desembolsado», aclaró Oliveros.

«Venezuela necesita esa escala de inversión para recuperar su industria, pero movilizarla exige seguridad jurídica, infraestructura, servicios petroleros, talento y, sobre todo, confianza de inversionistas que deben comprometer capital durante décadas», señaló.

Blindaje institucional
Oliveros advierte sobre un «riesgo muy elevado» si el acuerdo dependiera «fundamentalmente del entendimiento político entre ambos Gobiernos».

«Estamos hablando de inversiones cuya recuperación puede tomar décadas, mientras los ciclos políticos son mucho más cortos. De hecho, que el acuerdo contemple concesiones de hasta 100 años hace todavía más importante que exista un marco jurídico e institucional capaz de trascender a los Gobiernos actuales», puntualizó.

A su juicio, una verdadera prueba será garantizar que las inversiones «sobrevivan a un cambio político tanto en Caracas como en Washington».

Ambos países pasaron de enemigos a estrechos aliados tras la captura de Nicolás Maduro hace ocho meses, una alianza rechazada por seguidores del chavismo y marcada por lo que analistas describen como un tutelaje de Washington.

La reacción política
El economista y exministro venezolano Ricardo Hausmann criticó públicamente que Estados Unidos alcanzara un «acuerdo inconstitucional con un gobierno opresivo ilegítimo», en referencia al de Rodríguez.

Dirigentes opositores como el diputado Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa denuncian que quienes están en el poder son los mismos que destruyeron la industria petrolera.

La líder opositora María Corina Machado advirtió el jueves que «los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores», la sede del Ejecutivo venezolano, actualmente ocupado por el que señaló como un «régimen ilegítimo».

Además, la nobel de la paz sentenció que «no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular».

El operador
Los 17 campos fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35%.

Según un economista que pidió no ser identificado, el acuerdo le da «un superpoder» a NABEP, la cual «va a controlar quizás una parte importante de la producción petrolera venezolana», algo «sin precedentes».
Alertó que un «superpoder» sin «controles y equilibrios puede nombrar y quitar presidentes o tomar decisiones en pro o en contra de todo un país».

Detrás de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Betancourt, quien creó una fortuna durante el chavismo con contratos eléctricos en medio de una crisis del sector que se agravó con los años, ya ha sido defendido por Rodríguez y altos funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca afirma que Estados Unidos «tiene poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva, y la mayoría de quienes integren la junta de NABEP deben ser ciudadanos estadounidenses».