Según la acusación, los acusados conspiraron para descargar a sabiendas un contaminante, específicamente aguas residuales de la laguna de retención de desechos del procesamiento de carne, en aguas de los Estados Unidos sin haber obtenido un permiso de la Ley de Agua Limpia.

Hoy se reveló una acusación formal federal que imputa a César P. Borges Arroyo, Neftalí Borges Gómez, Erison Delgado Santos, Héctor Fulgencio Cabrera y Ganaderos Borges Inc. (GBI), cuatro violaciones de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), así como conspiración para violar dicha ley.

Los cargos se relacionan con la descarga de contaminantes por parte de GBI en aguas de los Estados Unidos.

GBI es una corporación en Naguabo, Puerto Rico, que opera un matadero y una planta de procesamiento de carne. Las operaciones abarcan la recepción y el mantenimiento de animales vivos para su sacrificio, el faenado de los animales (sangrado), el procesamiento inicial de los animales y las operaciones que producen productos cárnicos listos para el consumidor. Según la acusación, los acusados conspiraron en beneficio de GBI para descargar a sabiendas un contaminante —específicamente aguas residuales de la laguna de retención de desechos del procesamiento de carne— en aguas de los Estados Unidos sin haber obtenido un permiso de la Ley de Agua Limpia.

“Alegamos que esta planta de procesamiento de carne y al menos cuatro de sus empleados conspiraron para bombear carne, sangre y heces de animales en una quebrada que fluye hacia el océano y hacia una playa pública”, dijo el Subprocurador General Principal Adam Gustafson, de la División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia. “La conducta que se alega aquí sacrifica la salud pública para obtener beneficios económicos, y es un delito. El Departamento de Justicia exigirá responsabilidades a los infractores”.

“GBI violó repetida e intencionalmente la Ley de Agua Limpia al descargar desechos sin tratar en el Mar Caribe, en Tropical Beach en Naguabo”, dijo el fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó para el Distrito de Puerto Rico. “Este procesamiento envía el mensaje de que aquellos que socavan deliberadamente las leyes ambientales federales y ponen en peligro el medio ambiente y a las comunidades de Puerto Rico enfrentarán un procesamiento por delitos graves por su conducta ilegal”.

“Los acusados ignoraron deliberadamente la prohibición total de descargas bajo la Ley de Agua Limpia y, a sabiendas, enviaron un lodo repugnante de sangre y desechos de animales, y productos de limpieza hacia el Mar Caribe, a solo millas de reservas naturales, playas y una base militar. Las descargas ilegales como estas causan daños graves, poniendo en peligro la seguridad y la salud del agua, la vida silvestre y la salud humana”, dijo el Administrador Adjunto Jeffrey A. Hall de la Oficina de Cumplimiento y Garantía de Cumplimiento de la EPA. “La EPA se asegurará de que los contaminantes que arruinan nuestras comunidades y aguas costeras rindan cuentas”.

A partir de agosto de 2018 y continuando hasta al menos septiembre de 2025, el presidente de GBI, Borges Arroyo, y el operador de GBI, Borges Gómez, ordenaron a los empleados incluyendo, entre otros, a Delgado Santos y Fulgencio Cabrera, descargar desechos líquidos desde la laguna de retención de desechos de GBI hacia una quebrada adyacente. Hicieron esto utilizando una bomba sumergible colocada en la laguna de retención de desechos y conectada a una manguera, intentando evitar millones de dólares en costos anuales de eliminación de desechos. GBI generaba desechos a partir de varios procesos internos, que incluían la entrada de animales, el sacrificio, la remoción de pieles, el despiece y la limpieza. Los desechos incluían sangre, pelo, tejido y heces de animales, así como grasa, aguas residuales, desinfectante y otros líquidos utilizados dentro del matadero y las áreas de procesamiento de GBI. La mezcla de desechos fluía desde la instalación hacia una tubería de descarga que se vaciaba en una laguna de retención de desechos ubicada en la esquina suroeste de la propiedad de GBI. El borde occidental de la laguna de retención de desechos es adyacente a una quebrada que recorre aproximadamente media milla hasta el Mar Caribe en Tropical Beach en Naguabo, Puerto Rico.

GBI poseía un permiso de tratamiento de aguas residuales sin descarga que requería que los desechos líquidos fueran transportados desde la instalación hasta un centro de eliminación. En ningún momento se permitió la descarga de desechos en el lugar ni en ningún otro cuerpo de agua. El permiso expiró el 31 de julio de 2019 y continuaron violando la Ley de Agua Limpia hasta al menos septiembre de 2025.

Para ocultar la descarga ilegal de desechos, los acusados escondieron la bomba sumergible y la manguera cuando no se utilizaban, y proporcionaron declaraciones y documentos falsos y engañosos a las autoridades para ocultar las actividades ilegales.

Los acusados tienen programado comparecer ante el juez magistrado Héctor Ramos Vega del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para sus respectivas comparecencias iniciales. De ser declarados culpables, enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión y $250,000 en multas por cada cargo. GBI enfrenta una pena máxima de $500,000 en multas por cargo.

La División de Investigación Criminal de la EPA investigó el caso con la asistencia del FBI. La EPA y el FBI participan en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.

El abogado litigante principal Patrick M. Duggan de la Sección de Delitos Ambientales de la ENRD y el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe para el Distrito de Puerto Rico están a cargo del procesamiento del caso.