Josué Colón Ortiz indicó que es el primer paso a una posible terminación del acuerdo.

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz, notificó mediante una carta a la empresa LUMA Energy una serie de incumplimientos que podrían conducir a la terminación del contrato de operación y mantenimiento de la red eléctrica, según dispone el Artículo 15 del acuerdo firmado en 2020.

En la misiva de 81 páginas dirigida al presidente de LUMA, Juan Saca, el funcionario advierte que la empresa ha fallado en asegurar los reembolsos de fondos federales para la reconstrucción del sistema, provocando que la Autoridad de Energía Eléctrica adelantara más de $500 millones con fondos locales. Desde que comenzó a operar, LUMA solo ha conseguido $345 millones en reembolsos, pese a que hay disponibles cerca de $10,000 millones, mientras que la AEE ha gestionado por su cuenta más de $1,300 millones.

“La Autoridad ha sufrido daños reales, cuantificables y continuos que afectan la estabilidad del sistema eléctrico y sus finanzas”, advirtió Colón Ortiz en la carta.

El documento también cuestiona la solicitud reciente de LUMA ante el Negociado de Energía para imponer un aumento provisional de 32.75 por ciento en la tarifa mensual, al considerar que la empresa pretende que los consumidores paguen por adelantado mejoras de capital que ya están financiadas por fondos federales.

Además, la carta denuncia el uso de empleados provenientes de la empresa Quanta, socia de LUMA, en proyectos pagados con fondos federales, lo que podría constituir un conflicto de interés y una violación de las normas de contratación federal.

El gobierno otorgó a LUMA un plazo de 10 días laborables para cumplir con varios requerimientos, entre ellos detener el uso de estos empleados en proyectos financiados por FEMA, presentar un plan de reducción de gastos de $36.4 millones, reembolsar a la AEE los fondos adelantados desde junio de 2024, someter un cronograma actualizado de proyectos y reconciliar los avances de capital.

La carta concluye que de no cumplirse con las exigencias en el término establecido, el gobierno podría rescindir el contrato por incumplimiento.

“El pueblo de Puerto Rico, y el Gobierno que lo representa, están hartos”, puntualizó Colón Ortiz.