«Es menester señalar que el estado de derecho no cambia por el hecho de haber un cambio de administración. Nuestros derechos permanecen precisamente para protegernos contra cambios arbitrarios de postura de gobiernos que atentan contra nuestra dignidad. Los artículos del Código Penal de Puerto Rico relacionados al aborto datan de la década del 1930 y únicamente penalizan el aborto forzado o realizado fuera del contexto médico. No es delito el aborto practicado por personal médico autorizado dentro de la relación médico-paciente para proteger la salud o la vida de la paciente. Pretender lo contrario es una tergiversación peligrosa, anti-jurídica e impropia de una alta funcionaria como lo es la Secretaria de Justicia”, continuó.

En tanto, otra de las portavoces de la ALPR, Patricia Otón, indicó que “la salud, según definido por la Organización Mundial de la Salud y reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico desde 1980, incluye no solo la salud física, sino también la mental y social. El criterio médico es el único que debe prevalecer para evaluar qué constituye un riesgo para la salud de una persona gestante, no la opinión ni ideología de la Secretaría de Justicia ni de la Asamblea Legislativa”.

Tanto Seguí, como Otón y otras voces de la ALPR, también indicaron que entienden que existe una campaña de desinformación que busca infundir miedo, crear incertidumbre y obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales incluyendo acceder a servicios de salud esenciales, e indicaron que la secretaria de Justicia no puede —ni debe— actuar como ente fiscalizador de decisiones clínicas legalmente protegidas, y mucho menos desde una posición de poder institucional que debería garantizar justicia, perseguir y estigmatizar.

“La Constitución de Puerto Rico protege el derecho a la intimidad, la autonomía corporal, la dignidad y la igualdad. Estos derechos impiden que el Estado interfiera en las decisiones privadas sobre tratamientos médicos, incluyendo el aborto. Esta protección constitucional se extiende incluso al derecho de una persona a rechazar tratamiento médico. Por tanto, resulta jurídicamente insostenible y socialmente irresponsable que una funcionaria pública promueva la persecución de decisiones tomadas dentro del ámbito legal y médico”, sostuvo Yanira Reyes Gil, también miembro de la organización.