El Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses y la Junta de Libertad Bajo Palabra necesitan con urgencia reclutar personal.

La necesidad de reclutar recurso humano fue el tema central de tres agencias gubernamentales que se presentaron en una vista pública de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes para discutir el presupuesto para el año fiscal 2025-2026.

El Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) fueron las agencias.

Ya la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó a la Legislatura y al Ejecutivo que el presupuesto que se está conformando no cumple con los requerimientos.

Para el 8 de mayo, la Legislatura debe tener un informe del nuevo presupuesto bajo los parámetros de la JSF y, a su vez, escuchado cada una de las necesidades que enfrentan las agencias gubernamentales.

Departamento de Justicia

La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, expresó en la audiencia pública que el presupuesto sugerido para el próximo año fiscal es de $186,043,000. Sin embargo, solicitó que ascendiera a $204,875,000.

En la parte de la nómina propuesta para el año fiscal 2025-26, sugiere que se les asigne $112,521,000 para llenar nombrar los puestos autorizados de nombramientos conforme a la ley, entiéndase fiscales, procuradores de menores y de familia, registradores, entre otros. Esto sin contar con el nuevo reclutamiento de personal en otros programas que necesitan respaldo.

Por conducto de ley, se deben nombrar fiscales que pasarían a la consideración de la gobernadora, Jenniffer González Colón, y el Senado.

Justicia, actualmente, cuenta con 398 fiscales y mantiene 69 vacantes. Además, otras cinco adicionales para técnicos de víctimas y testigos.

«Hay escasez de fiscales. Nosotros hemos nombrado algunos fiscales especiales que no tienen el nombramiento de la gobernadora, pero son abogados del Departamento (de Justicia) que ejercen funciones de fiscales en las distintas fiscalías y las divisiones. Estamos en el proceso de que se nombren las plazas de esos fiscales, procuradores de familia y de menores», sostuvo Parra en la vista pública.

Dado ese escenario, Justicia necesita que se le asigne una partida de $3.8 millones.

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En este año fiscal se aprobó una asignación de $6.9 millones adicionales a Justicia en nómina para que pudiera cubrir los puestos que se nombran por ley. No obstante, eso solo alcanzó para cubrir siete meses.

Por tanto, para que puedan pagar por 12 meses, necesitan que en el presupuesto se añada $3.8 millones.

Otros gastos que tiene Justicia y que no puede dejar fuera del nuevo presupuesto son los $3.2 millones anuales en renta que deben cubrir solo por la sede del Departamento de Justicia. Así como los $6.4 millones asignados para organizaciones sin fines de lucro.

Justicia, hizo hincapié que esa partida de $6.4 millones se pueda conceder aparte a lo que es el presupuesto general ya que se le afectan los gastos operaciones si se conglomera en uno.

Instituto de Ciencias Forense (ICF)

María Conte Miller, directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), también alzó la voz para puntualizar la necesidad en el tema de reclutamiento de personal en el nuevo año fiscal.

Puso de ejemplo que actualmente cuentan con tan solo siete patólogos forenses por contrato y necesita, por lo menos, cuatro adicionales que puedan ocupar plazas permanentes.

«Actualmente, hemos identificado la necesidad de revisar la retribución de la clase de Técnicos de Laboratorio y Técnicos de Patología Forense para llevarlos a un nivel salarial más competitivo y garantizar su permanencia en el ICF. Esto tendrá un impacto estimado de $200,000», dijo Conte Miller.

«Mantener el ajuste salarial es medular a la permanencia de los empleados en el ICF para detener esa fuga hacia Estados Unidos. La experiencia tenida luego del ajuste de $650.000 mensuales, que aquel momento consideramos aún por debajo de la expectativa de justicia salarial, ha sido muy positiva al observar que han mermado las renuncias y se mantiene estabilidad en la plantilla laboral del ICF», agregó.

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Por tanto, el ICF solicitó una partida presupuestaria de $19,914,000 que representa un incremento de $4,280,000 comparado con lo aprobado para este año fiscal.

«Estamos planteando una petición que recoge el gasto recurrente de nómina a tenor con la nueva estructura salarial de retribución aprobada y validada por la Junta. Efectivamente, el incremento recoge el impacto de puestos críticos y esenciales realizado a partir de julio de 2023», indicó la directora ejecutiva del ICF.

Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)

El reclutamiento y la retención de personal gerencial también es un tema protagónico para la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), quien ha solicitado una partida para el nuevo año fiscal de $3,160,000 del Fondo General, que incluye la nómina, costos operativos y gastos relacionados como los es el «Pay As You Go».

«Nosotros tenemos necesidad de tres posiciones. Una es el director de presupuesto y finanzas que durante este tiempo nos ha dado apoyo el Departamento de Corrección porque no tenemos. Necesitamos también un encargado de propiedad y la otra posición que necesitamos es de un asesor legal senior. No contamos con un abogado para asesoramiento y tampoco para la división legal», sostuvo la licenciada Aixa Pérez Mink, presidenta de la JLBP.

Además, necesitan dos puestos de miembros asociados, uno que debe ser abogado admitido a ejercer la profesión por el Tribunal del Supremo, un oficial examinador y un técnico en sistemas de oficinas.

Para el reclutamiento a estos puestos, la JLBP requerirá un aumento en el presupuesto por la cantidad de $321,028.

«La Junta depende del recuso humano para el funcionamiento y cumplimiento de las leyes que nos rigen. Por lo cual, la necesidad más apremiante que la agencia enfrenta es la actualidad es el reclutamiento y retención de personal gerencial. Estos reclutamientos se han visto afectados por las limitaciones presupuestarias de la agencia», puntualizo Pérez Mink.

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