El alcalde de Guayama advirtió que las medidas económicas impuestas han afectado directamente a los municipios.

Los alcaldes de Salinas y Guayama, Karilyn Bonilla Colón y O’brain Vázquez Molina, respectivamente, denunciaron el martes que los municipios enfrentan serios problemas financieros debido a las exenciones de impuestos municipales que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) otorga con la aprobación de la Junta Fiscal, sin consultar a los alcaldes.

“Desde una perspectiva de administración pública, reconocemos los desafíos económicos que ha enfrentado Puerto Rico. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en la visión sobre el desarrollo futuro del país. Mientras algunos sectores enfatizan medidas de austeridad, nosotros consideramos imprescindible priorizar a los municipios y fomentar un crecimiento económico sostenible”, expresó Bonilla Colón en declaraciones escritas.

Vázquez Molina advirtió que las medidas económicas impuestas han afectado directamente a los municipios. “El Plan Fiscal eliminó el Fondo de Equiparación, dejando en riesgo de cierre a casi la mitad de los municipios pequeños y medianos de Puerto Rico. Esto obliga a tomar medidas como recortes de servicios y despidos de empleados, afectando directamente a nuestras comunidades”, sostuvo.

Ambos alcaldes señalaron que, tras la eliminación del Fondo de Equiparación, los presupuestos municipales dependen de ingresos propios como el CRIM, IVU, patentes municipales y arbitrios de construcción. “Por tal razón, expresamos nuestro más enérgico rechazo a los decretos contributivos que la Junta apoya junto al Gobierno Central a través del DDEC, específicamente las exenciones sobre impuestos municipales”, afirmó Bonilla Colón.

El alcalde de Guayama indicó que, si bien los incentivos para atraer nuevas industrias son necesarios, los decretos actuales limitan la capacidad de los municipios de generar ingresos y se otorgan por largos períodos, perjudicando la estabilidad fiscal municipal. “Esta práctica ha sido, en parte, responsable del estancamiento económico de Puerto Rico”, agregó.

Como ejemplo, la alcaldesa de Salinas mencionó el decreto otorgado a Clean Flexible Energy, que exime a la empresa del 100% en arbitrios de construcción, patentes municipales durante los primeros dos semestres, 60% en los años subsiguientes y 90% en impuestos sobre propiedad mueble e inmueble. “Los municipios hemos dejado de recibir millones de dólares por decretos como este, sin siquiera conocer si los beneficiarios cumplen con las condiciones establecidas”, denunció.

Vázquez Molina insistió en que, mientras la Junta Fiscal exige que los municipios sean autosuficientes, continúa aprobando exenciones contributivas sin considerar su impacto en las finanzas locales. “Estos decretos deben ser consultados con los municipios y establecerse parámetros más equitativos para las exenciones de impuestos municipales”, concluyó.

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