La agencia señaló que, a pesar de que hay modalidades que sí pueden trabajarse desde la distancia, la naturaleza del trabajo social implica una interacción significativa con el entorno inmediato de la persona.

El Departamento de la Familia no está de acuerdo con una medida que busca crear la Ley para Regular la Práctica de Trabajo Social a Distancia para facilitar ya que entienden que es fundamental que un profesional de ese tipo en su agencia asista de manera directa y presencial a los casos referidos a su investigación por negligencia y/o maltrato.

El Proyecto de la Cámara 1976 es de la autoría del representante Er Yazzer Morales Díaz y la única excepción que se hace para trabajar de manera presencial es para los servicios que se le brindan a los estudiantes con discapacidades registrados en el programa de Educación Especial.

“A partir de la vigencia de esta Ley, todo trabajador social, debidamente licenciado en Puerto Rico, podrá realizar sus consultas a distancia por medios tecnológicos, tales como, teléfonos, video llamadas, aplicaciones o cualquier otra herramienta tecnológica al alcance”, lee la medida.

“Es fundamental reconocer que las labores de los trabajadores sociales del Departamento, dada a la naturaleza de sus servicios directos y esenciales, no son compatibles con el trabajo a distancia”, expuso en vista pública la licenciada Nicole Báez, en representación del Departamento de la Familia.

«Esta incompatibilidad se debe principalmente a la necesidad de interacción personal para una evaluación precisa de las condiciones y necesidades de las personas atendidas, así como para la construcción de relaciones de confianza y la gestión efectiva de la crisis”, continuó argumentando.

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El P de la C 1976 detalla que para obtener el privilegio de trabajo a distancia el trabajador social debe ser certificado previamente por la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales. La certificación sería expedida por el término de cuatro años y podrá ser renovada siempre que se someta evidencia del cumplimiento de las normas establecidas para la profesión.

El Departamento de la Familia fue enfático en la vista de que a pesar de que hay modalidades que sí pueden trabajarse desde la distancia, la naturaleza del trabajo social implica una interacción significativa con el entorno inmediato de la persona, como las visitas domiciliarias o la integración con la comunidad.

Incluso, indicaron que existen casos que de acuerdo a procesos legales, se requiere la presencia física para validar trabajos o investigaciones realizadas.

“Es crucial que el Departamento sea excluido de la aplicación de esta Ley”, sostuvo Báez.

Mientras, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social comentaron que en el sector público se cuenta con 65% de la matrícula de 7,000 personas autorizadas en Puerto Rico para ejercer la profesión.

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Comentaron que las regulaciones de los trabajadores sociales deberían ser una función compartida entre la Junta Examinadora y el Colegio, igual que se debería establecer parámetros más claros de las funciones que se podrían hacer a distancia y las que no.

“Indudablemente hay prácticas y situaciones en la profesión que no pueden ser atendidas a distancia. Asuntos como las investigaciones por alegación de maltrato a la niñez o personas adultas mayores, las visitas domiciliarias, observaciones en la comunidad…Es por esto que cualquier legislación y regulación de esta práctica debe establecer parámetros que brinden dirección respecto a las circunstancias en las que se puede ofrecer los servicios a distancia y las que no es posible”, explicó Nélida Rosario directora del Colegio.

La misma medida también dispone que el Departamento de Salud implantará las reglas y reglamentos necesarios de esta pieza legislativa para que se lleve a cabo la práctica de la cíberterapia.

El Colegio añadió que el Departamento de Salud no tiene relevancia alguna en la regulación de la profesión, por lo que debería enmendarse para que sea solamente la Junta y el Colegio.

En la vista pública, Familia adelantó que en los próximos meses dará inicio la implementación de un plan piloto de trabajo a Distancia en el Programa de Determinación de Incapacidad (DDS) para ayudar a los empleados a equilibrar sus responsabilidades laborales, personales y familiares.

Con la implementación del plan piloto, tanto los supervisores como los empleados son responsables de garantizar las funciones operativas sin que se vea afectado la productividad.

Esta pieza legislativa fue radicada el pasado 8 de enero luego de que se normalizara el trabajo a distancia después del huracán María en Puerto Rico.

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