Los primos del gobernador, igual que otros acusados por delitos no violentos, intentaban beneficiarse de un cambio reciente en las guías de sentencia federal.

La jueza federal Camille Vélez Rivé denegó ayer las solicitudes que presentaron los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern para beneficiarse de una reducción en sus respectivas sentencias bajo una enmienda nueva a las guías federales que proveen discreción para que los tribunales hagan una modificación en casos de primeros ofensores por delitos no violentos.

La consideración que pidieron los primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ha sido solicitada también por decenas de otros ofensores en casos de corrupción en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico pero, que se conozca, no ha habido concesiones.

Tras un allanamiento en octubre de 2022 en la sede de American Management & Administration Corporation (AMAC), empresa de Walter Pierluisi con 30 años de contratos gubernamentales para la administración de vivienda pública, los hermanos y la corporación se acercaron a la fiscalía para declararse culpables de un esquema de robo de fondos federales. Como parte del mismo, Walter Pierluisi y el jefe de Finanzas de AMAC controlaban otras corporaciones que contrataban con AMAC para algunos de los servicios que supuestamente se prestaban en los residenciales. Los acusados negociaron con el gobierno reconocer que habían robado casi $4 millones de esa forma.

En julio de 2023, Vélez Rivé sentencia a Walter a 43 meses de cárcel y a Eduardo a 24 meses. En noviembre, entró en vigor una enmienda a las guías de sentencia que permiten una evaluación caso a caso que podría resultar en reducción de la sentencia de convictos que, como los hermanos Pierluisi Isern, no tienen historial ni su delito involucraba violencia.

Ambos solicitaron la evaluación que, en primera instancia, realiza un magistrado. En el caso de Walter la evaluación preliminar concluyó que podría ser beneficiario de un ajuste, mientras que la de Eduardo concluyó que no.

La abogada de Eduardo, la exfiscal María Domínguez Victoriano, pidió a la jueza que ejerciera su discreción para reducir la sentencia a 18 meses porque, aunque ya había tenido una reducción en la sentencia original de julio por consideraciones de salud, si se le aplicaba la enmienda podía acreditar una reducción mayor.

El abogado de Walter, el exfiscal Osvaldo Carlo Linares, pidió que su cliente fuera liberado de inmediato o, en la alternativa, que su encarcelamiento fuera acortado a 30 meses. Enfatizó en la conducta que este ha demostrado durante su tiempo en prisión, que ha transcurrido sin medidas disciplinarias y con asistencia a cursos sobre historia, finanzas, salud y narcodependencia.

“Estos esfuerzos subrayan el acercamiento proactivo y comprometido con su crecimiento personal y rehabilitación que Pierluisi Isern ha tenido mientras está bajo la jurisdicción del sistema federal”, dijo al apuntar que está encaminado a tomar otros cuatro cursos, incluyendo religión.

La fiscal Marie Christine Amy no atendió la solicitud de Eduardo, pero sometió una moción para oponerse a la de Walter.

“Al Sr. Pierluisi se le confió supervisar y administrar fondos federales como agente de la Autoridad de Vivienda Pública de Puerto Rico. En vez, desvió los fondos para sí y para otros. Los delitos de corrupción pública van a la médula del orden legal y erosionan la confianza en nuestras instituciones públicas. Es imperativo que la sentencia del Sr. Pierluisi refleje la seriedad de su conducta criminal y sirva para evitar que otros cometan crímenes similares”, enfocó la fiscal.

Al denegar la modificación, la jueza completa un formulario y no expone el razonamiento para su decisión.

Vea:

Pedirán no más de 18 meses de cárcel para testaferros de los Pierluisi Isern