Son medidas que buscan agilizar la otorgación de permisos, minimizando los estudios e impactos ambientales.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, denunció la intención de la Asamblea Legislativa de aprobar 13 medidas legislativas que provocarían de alguna manera un impacto en los recursos naturales del país. Estas medidas están relacionadas a la otorgación de permisos de construcción de forma expresa que limita los estudios de impacto ambiental.

Los 13 Proyectos de Ley, estaban anteriormente integrados a un sustitivo del P de la C 626 del representante Jessie Cortés Ramos, que enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, pero obtuvo un veto expreso por parte del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia el pasado 19 de enero.

“Hace tiempo atrás, la Cámara de Representantes, con nuestros votos en contra, había aprobado un proyecto que establecía unas enmiendas a la Ley de Permisos de Puerto Rico. Ese proyecto dio varios tumbos en el proceso legislativo e incluso fue enmendado en el propio hemiciclo, al corre y corre, como consecuencia de múltiples objeciones que traímos. Ese proyecto desapareció y luego fue convertido en un sustitutivo conjuntamente con el Senado. Ese proyecto fue vetado por el gobernador y ahora recientemente han tomado todo lo malo de aquel proyecto y lo han convertido en 13 medidas legislativas”, expresó Márquez Lebrón en conferencia de prensa.

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La semana pasada estas medidas se dieron lectura y en la mañana del lunes fueron todas aprobadas en la vista de consideración final de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios que también preside el representante Jessie Cortés Ramos.

“Estos proyectos de ley, lejos de ser proyectos de ley que agilicen el proceso de permisología de Puerto Rico, son un atentado contra el proceso urbano en Puerto Rico y la protección del medio ambiente. Nosotros favorecemos que haya procesos ágiles para la otorgación de permisos, nosotros favorecemos que haya procesos en donde no se le haga a la vida imposible, particularmente a los pequeños y medianos comerciantes, pero eso no puede ser óbice para renunciar a la responsabilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico de realizar consensudamente los impactos urbanos, los impactos del medio ambiente, los impactos de recursos en los recursos naturales”, destacó.

“Puede haber desarrollo económico, pero se puede haber desarrollo económico en la medida que sea uno sustentable en un balance de los intereses. Este conjunto de proyectos de ley, que son básicamente todos de la autoría de la mayoría del Partido Popular, con otros representantes del penepé, son proyectos que obviamente van dirigidos, no a agilizar, sino a un claro libertinaje de un proceso de auto-regulación de permisos en Puerto Rico en beneficio de diversos sectores”, indicó.

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El primero proyecto que hace alusión es el Proyecto de la Cámara 1992 que busca establecer que si un municipio o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no emiten sus recomendaciones como parte del proceso de evaluación del trámite y/o permiso dentro de 30 días, se entenderá que no tienen recomendaciones ni objeciones y se procederá a otorgar o denegar el permiso solicitado.

La otra medida que se hace referencia, es el Proyecto de la Cámara 2057 que según el representante, tiene la misma propuesta que la medida mencionada pero, proponiendo reducir el tiempo de cada agencia gubernamental para evaluar la rigurosidad del impacto a la sociedad.

“En otras palabras, es otro de los proyectos de ley que va enfocado a limitar la acción gubernamental”, reaccionó Márquez Lebrón.

También, está el P de la C 2058 que lo nombró el representante como el “proyecto colonial” que busca establecer como política pública la evaluación de proyectos subvencionados con fondos federales con el propósito de tramitar con prontitud y prioridad todo aquel proyecto que este subvencionado con dichos fondos.

“Este es el que yo le llamo el proyecto colonial…en un término de 20 a 30 días, tiene que ser aprobado, no importa las objeciones, no importa los cuestionamientos que haya sobre este proyecto. Imagínese un proyecto de grandes envergaduras, de construcción amplísima en Puerto Rico, que puede tener efectos sobre diversas áreas, urbanas, comunidades, lugares de recursos naturales, bosques, reservas naturales, pero como la propuesta es que como es un proyecto con fondos federales, se tiene que dar un tratamiento especial, no importa cual sea el proyecto, se tiene que aprobar…”, criticó el representante.

«Todos tienen para mí el mismo hilo conductor. Unos más livianos que otros, porque son asuntos más técnicos, pero hay que verlos en conjunto. Tú los puedes aprobar de manera individual, pero el efecto es el mismo», continuó.

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Con estas denuncias, el representante busca que organizaciones ambientales se levanten en contra de las intenciones de la Asamblea Legislativa.

«Estamos empezando a llamar su atención y varios legisladores lo están haciendo también. Estos proyectos se radicaron la semana pasada y no estaban disponibles en el sistema de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, aunque se habían anunciado públicamente, uno no sabía que era lo que habían anunciado públicamente…» sostuvo.

Márquez Lebrón, anticipa que con toda probabilidad las medidas sean añadidas al calendario de órdenes especiales del día para su aprobación, luego del receso de Semana Santa.

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