Señaló que Linnette Morales Vázquez se querelló en varias ocasiones contra su eventual asesino y la Policía no actuó.

La abogada de Linnette Morales Vázquez, una de las mujeres asesinadas anoche como resultado de un incidente de violencia machista en Yauco, trajo esta noche un elemento nuevo a la discusión pública sobre este espeluznante caso: la labor de la Policía.

La abogada Griselle Sepúlveda fue entrevistada en el programa Jugando Pelota Dura, que dedicó su edición de hoy a este caso que cobró un total de tres vidas, incluyendo la madre y un hermano de Morales Vázquez, todos asesinados a manos de Wilfredo Santiago Figueroa, pareja de Linnette.

Sepúlveda recibió en su oficina a Linnette el 16 de enero, teniendo esta última ya una orden de protección expedida a su favor desde noviembre. En la oficina, Linnette le contó que Santiago Figueroa dormía en el techo de su casa, pero reconoció que no lo había visto, sino un flashlight que ella entendía era de él.

“No le querían tomar la querella”, dijo Sepúlveda cuando le pidió que fuera al cuartel de Yauco. De allí la enviaron a Guayanilla, que era el municipio donde era asechada.

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La abogada sostuvo que insistió en que un teniente la atendiera, pero también sin éxito. Días después, Linnette supuestamente llamó varias ocasiones a la Policía “y no iban”, dijo Sepúlveda al recordar que la orden de protección seguía vigente. La abogada describió a su ahora excliente como “despavorida” cuando fue a su oficina el 23 de enero porque “volvió a llamar y no le hacían caso”, a pesar de que les dijo a los policías que el hombre le guayó el carro y le cortó unos cables de utilidades de su casa.

“Le dijeron que no había evidencia contundente… teniendo una orden de protección y teniendo una Vista Preliminar al otro día”, dijo Sepúlveda.

En el programa se encontraba Carlos Nazario, uno de los designados portavoces de la Policía, quien se comprometió a investigar la denuncia. No obstante, insistió en que, si un caso no puede pasar al menos la etapa de vista de causa para arresto en un tribunal, no se puede presentar.

El programa también contó con la participación de la fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini. Previamente, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz había indicado que fiscalía no había notificado a la jueza Ginny Vélez Carreras, que Santiago Figueroa tenía récord criminal previo, aunque se suponía que esa fuera información que le presentara a la magistrada el Programa de Servicios con Antelación al Juicio.

Cuando en la vista de causa para arresto por maltrato del 10 de enero la jueza Vélez Carreras encontró causa para arresto, fijó una fianza de $5,000 y no le impuso el requerimiento de supervisión electrónica al hombre. Gierbolini nunca explicó por qué la fiscal en sala no insistió en la supervisión electrónica. De hecho, nunca contestó a pregunta sobre si la fiscal tenía conocimiento de expediente criminal y carcelario del hombre.

“Le correspondía imponer el grillete. No tenía discreción”, dijo Gierbolini.

Instantes después la abogada y exfiscal Mayra López Mulero indicó que el estado de derecho no obliga a un juez imponer un grillete por el cargo que Santiago Figueroa enfrentaba: maltrato.

Gierbolini también reveló que anoche se le ofreció a Linnette salir del país o buscar refugio en un albergue en Caguas, pero rechazó la alternativa al argumentar que estaría segura en la casa de su madre. Allí fue asesinada junto a la mujer y su hermano.

El programa abrió con la participación de Oronoz y de Sigfrido Steidel, director de la Oficina de la Administración de los Tribunales.

Oronoz dedicó gran parte de su participación a recalcar que casos como este no pueden ser detenidos por los tribunales o la fiscalía porque la raíz es el machismo.

“Es un problema social, es un tema de país, así que la solución no puede ser únicamente en el Poder Judicial ni en el componente de Justicia”, dijo. “Tenemos que ver, incluyéndonos a nosotros en el Poder Judicial, si pudimos haber hecho algo distinto o mejor”, agregó.

Oronoz sostuvo que se está investigando si el informe de PSAJ que recibió la juez Vélez Carreras incluía, como tenía que ser, el historial de peligrosidad de Santiago Figueroa.

“Los hechos de este caso indicaban que había unos elementos de peligrosidad que se tenían que tomar en consideración”, dijo. Luego pareció adjudica que el informe de PSAJ tenía la información precisa al sostener que el documento “recomendaba medidas adicionales”.

“Todo el componente pudo y debió haber hecho más”, dijo. “Habían elementos de peligrosidad que eran constatables que debieron haber movido al aparato estatal”.

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