El Tribunal Supremo tiene pendiente una querella contra Francisco Domenech por un episodio en el que exigió que a su esposa se le permitiera radicar un escrito en nombre de la comisionada Jenniffer González Colón, aunque la secretaría estaba cerrada.

El director de campaña de la comisionada residente, Francisco Javier Domenech Fernández, tiene pendiente ante el Tribunal Supremo una querella ética por un incidente que protagonizó en la entrada de esa misma corte cuando los alguaciles no permitieron que su esposa entrara a radicar un escrito en nombre de la comisionada Jenniffer González porque ya la secretaría estaba cerrada.

La comisionada anunció recientemente al cabildero como su director de campaña contra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a su esposa, Verónica Ferraiouli Hornedo, como codirectora de Plataforma. Ambos han estado ligados a la carrera política de González Colón por años.

Los hechos objeto de la querella ocurrieron el 8 de septiembre de 2020, cuando Domenech Fernández acompañó a su esposa a la sede del Supremo en Puerta de Tierra para radicar una comparecencia como amiga de la corte de parte de González Colón en el caso por el plebiscito.

Según el pietaje de seguridad, la pareja llegó a las 4:58 pm para hacer el trámite en la secretaría, que cerraba a las 5:00 pm. El Supremo tiene tres puntos de seguridad. Uno vehicular cerca de la calle, otro, vehicular también, para entrar al estacionamiento y un tercero, peatonal, en el que los visitantes tienen que anotarse en un libro y someter sus pertenencias a registro antes de poder caminar hacia la recepción del tribunal y secretaría.

Lo que sucedió está incluido en el expediente de la querella desde distintas perspectivas. Por un lado, la de los esposos y, por el otro, el pietaje de cámaras de seguridad, la oficial de seguridad privada María Crespo Burgos, el jefe de alguaciles del Supremo, Miguel Hernández Martínez, el empleado del tribunal, Carlos Rivera Corujo, y los alguaciles Hugo Ortiz Lugo y Mario Alberto Butler Graham. Este último es el baloncelista profesional de origen panameño que hizo carrera en la liga puertorriqueña.

Según los alguaciles y la guardia, desde la primera valla se le habría advertido a la pareja que ya no podían radicar porque secretaría había cerrado, según informó el entonces Secretario del Tribunal ante un cotejo que hizo Hernández Martínez mientras la pareja esperaba en la valla. Ante la insistencia de estos, y la reacción “agresiva, molesta, irrespetuosa y con gritos” del abogado, se les dejó pasar. En la segunda valla, Butler Graham dice que dejó pasar al abogado porque hizo un amago de dejar el vehículo bloqueando la entrada, pero Domenech Fernández enfatizó en su respuesta que el pietaje no muestra esto.

Entonces, en el punto de cotejo de visitantes, se habría dado la confrontación entre los tres alguaciles y los dos abogados por unos 10 minutos.

En su respuesta, Domenech Fernández negó las imputaciones de expresiones humillantes hacia los alguaciles y aseguró que no sabe por qué la queja es en su contra si él estuvo casi todo el tiempo hablando o texteando por su teléfono y la interacción había sido más con su esposa que con él. “Yo acudí al Tribunal Supremo ese día como chofer de mi esposa”, acotó para argumentar que no deben aplicarle un proceso disciplinario porque no estaba actuando como abogado.

Las versiones apuntan a que ya, al llegar al tercer punto, claramente eran las 5:00 pm.

En una carta que Ferraiouli Hornedo sometió para solicitar copia de las grabaciones de seguridad, se quejó de que el incidente se había filtrado a los medios de comunicación y que se usaría para hacerle daño a la campaña de González Colón en 2020. “El personal del Tribunal debe entender que un abogado que llega al filo de la hora de cierre es, con toda probabilidad, un abogado que se ha esforzado hasta el último momento para cumplir a cabalidad con sus obligaciones hacia su cliente y con sus obligaciones hacia el tribunal”, dijo para justificar la hora a la que llegaron.

Por su parte, los alguaciles le atribuyen al director de campaña expresiones como: “vamos a ver si no me van a dejar entrar”; “yo soy abogado y qué son ustedes”; “yo soy un abogado de renombre”; “van a ver quién soy yo”; y “que iba a hablar con Maite (Oronoz, la jueza presidenta)”.

Rivera Corujo le escuchó decir que “ningún alguacil le iba a dar clasesitas, que él es abogado y sabe de derecho, que los alguaciles no conocen la ley y le estaban violando su derecho a radicar”. El hombre abundó a la Oficina del Procurador General (OPG) que percibió que Domenech Fernández actuó de manera agresiva, prepotente y ofensiva, y que humilló a los alguaciles en su lugar de empleo, tratándolo como “brutos”.

La queja la inició Butler Graham, quien, junto a su jefe, dijeron sentirse humillados por el director de campaña. Estos especificaron que la agresividad fue de parte de Domenech Fernández y no de Ferraiouli Hornedo.

“Este caballero me faltó el respeto, a mis alguaciles y a este honorable tribunal”, resumió Hernández Martínez, quien admitió que contestó lo que percibió que era una amenaza del abogado diciéndole “dale pa’lante, lo vamos a resolver aquí mismo en el Tribunal Supremo”. Butler Graham también reconoció que le dijo al abogado en “tono de voz alto y firme que le estaba faltando el respeto o que era un irrespetuoso”.

El jefe de alguaciles llamó a la Policía el mismo día del incidente, pero solo se produjo un informe y no una querella porque en ese momento no tenía el nombre de Domenech Fernández. Durante el proceso ante la OPG, Butler Graham dijo que no tenían intenciones político partidistas con su queja y que solo quería una disculpa del abogado.

El Tribunal Supremo ya le ordenó a la OPG que sometiera una querella, que es la que está pendiente de adjudicación desde septiembre de 2021. La posición de la OPG es que hay “controversia de credibilidad sobre lo acontecido”, pero que “independiente de que al promovido pudiera asistirle la razón sobre la hora en la cual llegó al tribunal y que se le debió permitir acceso a la secretaría de este Honorable Tribunal, asunto que no nos corresponde atender en este procedimiento disciplinario, lo cierto es que – de ser ciertas las alegaciones del promovente- ello no justificaba que este asumiera una actitud irrespetuosa, agresiva y hostil con los funcionarios del tribunal que se encontraban en el ejercicio de sus funciones”.

Esa oficina entiende que Domenech Fernández pudo haber violentado los cánones 9 (obligación de mantener conducta respetuosa) y 38 (obligación de conducirse de forma digna y honorable).

El abogado tiene un historial de acciones oficiales en las que se ha cuestionado su conducta violenta. En 2006 y 2007 fue objeto de dos informes investigativos de la Cámara de Representantes que resultaron en que se le retirara la confianza como director de la Oficina de Servicios Legislativos por maltrato a legisladores y a personal bajo su cargo y en 2018 su esposa le sometió dos querellas por violencia doméstica alegando actos físicos de violencia y abuso sicológico, que luego fueron retiradas porque la mujer no compareció a las vistas.

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