Igual que sucedió con la aprobación reciente de proyectos de generación a gran escala con fuentes de energía renovable, los sistemas de batería recurrirán a financiamiento del gobierno federal.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó tres contratos y dos enmiendas a contratos previos para la construcción y operación de plantas de energía eléctrica basadas en sistemas de batería que están diseñadas para proveer estabilidad de generación durante el periodo de integración de las plantas de generación a gran escala con energía renovable.

Entre los contratos y las enmiendas, la red eléctrica debe contar con 350 megavatios de generación en ventanas de cuatro horas. Esa cantidad de energía es equivalente a una planta de generación pequeña y la forma en que se supone funcione es que las baterías almacenen la energía que se captura del sol y otras fuentes de energía renovable y luego la ofrece para satisfacer los picos de demanda en momentos, como las noches o los días de poco viento o sol, en los que puede bajar la capacidad de generación. De esta manera, ayuda también a que la red tenga más confiabilidad durante el periodo en que las plantas de generación basadas en combustibles fósiles se supone que sean decomisadas y que la carga de generación recaiga cada vez más en plantas basadas en energía renovable.

La capacidad de estos sistemas de batería a gran escala es separada y adicional a la capacidad de almacenaje que tienen los sistemas de batería que están en las casas de decenas de miles de abonados. Esas baterías más pequeñas se pueden unir para crear una “planta virtual” que también contribuya a darle estabilidad a la red. Si LUMA Energy las activa, le pagan a los abonados por el uso de esa energía almacenada.

La aprobación del ente fiscal es parte de un programa de compra de energía que debe concluir en que haya capacidad para generar con energía renovable 3,750 megavatios y otros 1,500 megavatios en capacidad de almacenaje en baterías y de esa forma cumplir con la política pública de que 100% de la energía que consume la isla venga de fuentes renovables para el 2050.

La decisión de la Oficina del Programa de Préstamos (LPO en inglés) del Departamento de Energía federal (DOE en inglés) de ofrecer financiamiento a estos proyectos en Puerto Rico parece haber sido la solución para agilizar la aprobación de estos contratos que estaban aguantados en discusiones sobre aumento de costos y falta de financiamiento en el mercado comercial. De hecho, los contratos aprobados ayer tienen un costo promedio de $267 por megavatio hora (MV/h) de producción, lo que está un poco por encima del promedio para todo Estados Unidos, aunque la Junta concluyó que era razonable y que se mantenía dentro de los parámetros del Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica.

La JSF aprobó contratos con Convergent Caguas Energy Storage 1 LLC, Convergent Peñuelas Energy Storage 1 LLC, y Convergent Ponce Energy 1 Storage LLC, así como enmiendas a contratos con Clean Flexible LLC Salinas y Clean Flexible LLC Jobos. La vigencia de cada uno es por 25 años y la expectativa es que los proyectos estén listos a partir del 2024.

En septiembre, la JSF anunció la aprobación de contratos con las empresas Ciro Two Salinas, LLC, Guayama Solar Energy LLC, Convergent Coamo Energy Storage 1 LLC, Clean Flexible LLC, CS-UR Juncos PV LLC, Go Green USA America Corp., Solaner Puerto Rico One, LLC, Tetris Power LLC, Pattern Barceloneta Solar LLC y YFN Yabucoa Solar LLC para generación basada en energía renovable.

También, a fines del mes pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE en inglés), aprobó un contrato de $5,000 millones que estará a cargo de seis empresas para proveer energía, según lo necesite la red eléctrica, hasta 2028. La energía que se producirá a través de este contrato es basada en combustibles fósiles.

Relacionado, LUMA informó al Negociado de Energía (NE) que en el trimestre de julio a septiembre de 2023 conectó a la red los sistemas de energía solar de 13,300 abonados. La cantidad no tiene precedentes en años recientes y es mayor que el pico anterior de 10,441 conexiones en el trimestre de julio a septiembre de 2022. En total, hay casi 98,000 abonados conectados a la red con sus sistemas individuales de placas solares y baterías. Por su naturaleza, esta estadística es un reflejo atrasado de la realidad, porque se trata de las interconexiones que LUMA procesa en el trimestre, por lo que el número real de sistemas de generación distribuida instalados en espera de que LUMA los procese siempre es mayor.

En una vista ante el Negociado ayer, LUMA confirmó que todavía ningún abonado gubernamental se ha conectado a la red con su propio sistema de generación distribuida, que es el término para la generación que ocurre desde las casas y otras propiedades en vez de desde las plantas centrales de la Autoridad.

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