La ACLU sometió una demanda por el asesinato de adolescente contra quien la Policía disparó 60 veces en calle sin salida.

Como si no hubieran pasado 12 años desde las investigaciones de Justicia federal que desembocaron en la Reforma, la Policía enfrenta reclamaciones en el tribunal federal de que cometieron una “ejecución extrajudicial” en el caso del joven de 16 años Javier Antonio Cordero Nevárez, a quien tirotearon 60 veces, estando desarmado, en una calle sin salida de Puerto Nuevo después de una persecución.

La demandante es Sheila Nevárez Chiclana, quien reclama una compensación monetaria no especificada, pero también que se declare a la Policía en violación de las disposiciones de su Reforma y que se ordene al gobierno incluir en la Reforma una junta de civiles que pueda monitorear las prácticas policíacas, como ha ocurrido en otros acuerdos de reforma.

La muerte de Cordero Nevárez el 1 de agosto de 2022 sacudió al país, pero todavía no ha tenido resultados la investigación criminal contra los policías involucrados. Inicialmente, la fiscal en la escena fue Betzaida Quiñones, quien también tiene a su cargo las investigaciones de las muertes del trapero Kevin Fret y el licenciado Carlos Cotto. Pero la demanda indica que fue removida de la investigación.

Tras el incidente, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, alegó que sus agentes dispararon porque el joven, vecino de Caparra Terrace, supuestamente los intentó arrollar con la Hyundai Tucson robada que estaba conduciendo. “Ninguno de los policías sale a la calle a matar a nadie. En cuestiones de segundos, el policía decide, por percepción, cómo va a proceder. Si su vida está en riesgo, pues va a usar el nivel 4 de la Policía, que es usar el arma de reglamento”, sostuvo hace un año.

Pero la reclamación judicial plantea que la Uniformada “actuó como investigador, juez y perpetrador, convirtiendo la muerte de Javier Antonio una ejecución extrajudicial a manos de la Policía de Puerto Rico”. La expresiones de López Figueroa, añade, están contradichas por la investigación que se hizo en la escena.

“[L]os oficiales de la Policía bloquearon la salida con al menos tres patrullas, y se desmontaron. En vez de realizar un arresto, los oficiales decidieron tomar la justicia en sus manos y descargaron sus armas contra un joven desarmado”, asegura el pleito que presentaron los abogados Fermín Arraiza Navas, Steven Lausell Recurt, William Ramírez Hernández y Lemuel Torres Rivera, de la oficina local de la American Civil Liberties Union (ACLU en inglés).

Con su justificación, López Figueroa “envió un mensaje erróneo a la Policía sobre las órdenes generales que aplican cuando se usa fuerza letal, de acuerdo a la Reforma, alentando y envalentonando de esa manera a los miembros de la fuerza para que actúen de una manera constitucionalmente impermisible”.

La mayoría de los agentes que participaron llevaban menos de un año graduados de la Academia y debían estar acompañados por supervisores, apunta la demanda al subrayar también que el vehículo había sido hurtado días antes y la Policía sabía que estaba habilitado con un sistema GPS, por lo que pudo haber sido recuperado sin una intervención violenta.

El joven asesinado cursaba el undécimo grado en la escuela Gabriela Mistral bajo el programa de Educación Especial y recién había adquirido su licencia de conducir.

“Como consecuencia de las agresiones de los demandados, Javier, un estudiante del programa de educación especial del Departamento de Educación, con sus 16 años, inseguro, sin mucha experiencia conduciendo ya que solo tenía licencia de aprendizaje, y rodeado de un pelotón de fusilamiento policíaco que no está adiestrado en el manejo de personas con condiciones especiales, sufrió trauma agonizante y heridas físicas graves que le causaron la muerte. La (madre demandante), por otro lado, sufrió una crisis de salud mental que requirió y sigue requiriendo atención médica”, plantea el pleito.

Los policías demandados por su participación en la escena que se desarrollo en el sector La Riviera, calles 40 y 15 suroeste de Puerto Nuevo, son Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roxanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur, Paola Farría Santiago, el sargento Ángel Alicea (todos estos de la División de Vehículos Hurtados de Carolina), bajo la supervisión de los tenientes coronel Gerardo Oliver y Roberto Rivera Miranda, de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.

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