Aseguró que presentará próximamente su octavo informe de trabajo.

La delegada por la estadidad Elizabeth Torres Rodríguez aseguró hoy que, aunque el Tribunal de Primera Instancia determinó su destitución como delegada, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) no puede suspender su salario porque le determinación no es «final y firme».

En entrevista radial (WKAQ), Torres Rodríguez aseguró que sigue siendo delegada por lo cual presentará próximamente su octavo informe de trabajo.

“Hay un caso, que es el de Casellas, que dice que hasta una sentencia no advenga final y firme no se pueden detener los pagos de un funcionario electo. Pero independientemente de lo que el monigote de PRFFA quiera hacer -el hijo de Dávila Colón- diciendo que soy exfuncionaria, riéndose y diciendo cosas que no son ciertas porque allí no se pasó prueba, allí nunca se pasó prueba, a mí se me fulminó sin darme la oportunidad de pasar prueba”, manifestó Torres Rodríguez.

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“Hay un proceso apelativo al que tengo derecho. (Pero) lo más importante no es el dinero. Aquí lo importante es que Puerto Rico sienta un precedente de cómo una funcionaria electa, con una gran cantidad de seguidores, fue fulminada a través de un proceso donde ni siquiera se le permitió tener un juicio justo…”, agregó.

Torres lamentó que el mismo juez que le dio la razón originalmente, ahora se la quita, lo que revela una “persecución por encargo del departamento de Justicia. Esto es devastador para la democracia”.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó ayer la destitución de Torres Rodríguez por no cumplir con los trabajos que le requiere la Ley de la Delegación Congresional, como lo había solicitado el Departamento de Justicia (DJ) en abril de 2022.

El juez inicialmente había desestimado la petición del Gobierno de Puerto Rico por entender que la ley no tenía suficientes criterios para evaluar si los delegados cumplían con la misma, por lo que se le requería al tribunal de alguna forma crear criterios que no estaban en la legislación. Pero el gobierno apeló y el Tribunal Supremo, en abril de 2023, revocó y le ordenó proseguir con la adjudicación de la petición.

En su sentencia de ayer, el juez todavía entiende que la ley en sí no tiene criterios adicionales a la radicación de un informe cada 90 días. Pero explicó que recurrió a la exposición de motivos para “colegir que, en adición del informe que estos deben presentar cada 90 días, estos delegados deben trabajar activamente, a tiempo completo, para lograr el fin por el cual se creó la Delegación, exigir que Puerto Rico sea admitido como Estado de Estados Unidos”.

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Por su parte, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia celebró la destitución de Torres Rodríguez como delegada congresional.

Mediante expresiones escritas, Pierluisi Urrutia aseguró que Torres Rodríguez «no rindió la labor para la que fue electa, es decir, abogar por la estadidad. Por el contrario, se dedicó a criticar la Ley que estableció su cargo y para colmo de males, recibió fondos públicos durante ese tiempo».

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