El mandatario asignó $105 millones de fondos ARPA y CDBG-MIT.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció la firma de una orden ejecutiva (2023-009) que declara una emergencia por la erosión costera y, de paso, establece medidas para mitigar este fenómeno natural y asigna $105 millones para labores de mitigación.

En la orden ejecutiva, el mandatario declara «una emergencia como consecuencia de los efectos de la erosión costera y ordenó medidas de mitigación y resiliencia en estas zonas».

Para financiar la orden se destinarán $5 millones de la Ley ARPA y $100 millones de fondos CDBG-MIT.

La medida, de acuerdo con el mandatario, «requiere acciones concertadas, prudentes y estratégicas, para asegurar la protección de recursos naturales».

Advirtió que «hay 55,000 personas ubicadas en áreas susceptibles de sufrir de la marejada ciclónica (según datos del USGS) y 1,121 kilómetros de costas, con 37% de playas (en 44 municipios). Dos terceras partes de nuestras población reside en estas zonas costeras. Las costas y playas han sufrido cambios significativos».

Las medidas para parte de los cerca de 99 kilómetros de costas (58 kilómetros de playa han migrado tierra adentro) «será la política pública de este gobierno en torno a la conservación de la zona costanera, con cuidado en los recursos naturales», sostuvo Pierluisi Urrutia.

En una conferencia de prensa en La Fortaleza, el primer ejecutivo del país indicó que «la orden establece la prioridad de la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a zonas afectadas por la erosión costera».

De los municipios afectados por la erosión costera, mencionó Vieques Cabo Rojo, Arecibo, Humacao, Isabela, Fajardo Luquillo, Loíza y Hatillo.

Los ayuntamientos que sufren este fenómeno natural de forma severa son Luquillo, Loíza, Patillas, Humacao, Dorado, Ponce y Arecibo.

En cuanto a los municipios en que ha habido migración de playa tierra adentro, se cuentan Vieques, Humacao, Hatillo, Mayagüez, Aguada, Arecibo, Camuy, Isabela, Vega Baja y Rincón.

«En la mitad de nuestras costas el mar se adentró tierra adentro», afirmó el gobernador.

En específico, se ordena al DRNA, municipios y entidades publicas y privadas a que realicen un inventario de propiedades no habitadas abandonadas o en ruinas en zona costanera.

Además, se crea un comité para evaluar ese inventario (estará compuesto por la secretaria del DRNA, un representante del comité de expertos del cambio climático y otro del equipo de trabajo del gobernador).

En lo medular, se ordena a su vez al DRNA a tomar medidas como el deslinde de bienes de dominio publico en zona marítima terrestre, la adquisición o expropiación de propiedades no habitadas, la demolición de estructuras en ruinas o abandonadas, la realimentación de playas con arena compatible, la restauración de arrecifes de coral (así como artificiales), así como la siembra de manglares, la restauración de ciénagas y dunas, y la siembra de vegetación

También se contempla el desarrollo de paseos tablados para proteger dunas, calles verdes en la zona costanera, siembra de vegetación en cuencas de ríos, la remoción de sedimentos en desembocaduras de ríos y el manejo y recogido de sargazo.

Asimismo, el DRNA deberá actualizar el plan de manejo de la zona costanera.