15 de mayo de 2021 - La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), convoca al primer taller Calladita, no te ves más bonita que ofrecerá la Lcda. Wanda Vázquez Garced, Ex Gobernadora de Puerto Rico. La iniciativa surge del grupo Codegirls, afiliado a CODEPOLA, con miras a brindar herramientas a las mujeres adolescentes y adultas para conocer cómo comenzar a enfrentar un proceso de orden de protección y brindarle apoyo para prevenir que sean víctimas del crimen y eventos de violencia doméstica. Habrá otra sesión a la 1PM.
La exgobernadora Wanda Vázquez Garced comenzó a distanciarse de sus coacusados en el caso criminal federal por conspiración, soborno y fraude que se le radicó el año pasado y su defensa dio indicios de que podrían solicitar un juicio separado y más temprano que el que tendrían los demás acusados.
En una vista de status hoy el abogado defensor, y exfiscal federal, Luis Plaza Mariota planteó al juez Raúl Arias Marxuach que la mayoría de la evidencia entregada hasta ahora por el Departamento de Justicia federal no tiene que ver con su cliente, sin embargo, se le atribuye públicamente a ella.
“Nos dieron una pela en el tribunal de la opinión pública porque todo el mundo pensó que tenían que ver con mi cliente”, se quejó el abogado sobre las informaciones que ofrecieron los fiscales sobre que la evidencia del caso incluía 24 grabaciones de audio y 61 gigabytes de data.
La defensa de la exgobernadora anticipa que en las próximas semanas va a enviarle a fiscalía unas solicitudes específicas de evidencia que entienden deben tener y no le han entregado todavía. Después de eso, aseguró, estarían listos para el juicio. “Ya sabemos cuál será el caso contra Wanda Vázquez y ya sabemos cuál sería nuestra defensa… nuestro interés es mover el caso de Wanda Vázquez rápido”, subrayó.
La prisa manifiesta de Vázquez Garced por ir a juicio coincide, no solamente con el análisis de la evidencia entregada, sino también con que la semana pasada llegó a un acuerdo con la Oficina del Contralor Electoral para pagar $10,000 cada seis meses y así resolver multas ascendentes a $72,000 que esa oficina impuso tras una auditoría de su comité de campaña primarista.
La abogada del coacusado, el banquero Julio Herrera Velutini, Lilly Ann Sánchez, apoyó la contención de Plaza Mariota de que “el señor Herrera Velutini está en una posición muy diferente a la de Wanda Vázquez” y que “no creo que un juicio rápido sea viable para nuestro cliente”. La abogada anticipó que el juez podría tener que entrar a dirimir la posibilidad de juicios separados.
El juez recibió la moción oral de Plaza Mariota y la mantuvo bajo consideración, sin contestar por ahora.
Sobre la prueba de naturaleza confidencial que Justicia federal entregó al juez bajo la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés), tanto la defensa de Herrera Velutini como la del tercer coacusado, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, anticiparon que estarían solicitando oportunidad para evaluarla porque entienden que tienen facultad de aportarle al tribunal su análisis sobre si la evidencia debe ser entregada a la defensa para juicio. De hecho, la defensa de Rossini admitió que probablemente mucha de la información clasificada por criterios de seguridad nacional tenga que ver con su cliente. El proceso de CIPA, sin embargo, es solo entre Justicia federal y el juez, por lo que no está claro qué base legal usarían para ganar acceso a la evidencia antes de que el juez decida si deben tenerla y de qué manera.
En contraste, Plaza Mariota categóricamente descartó que alguna de la evidencia entregada al juez bajo CIPA tenga que ver con la exgobernador. “Lo que sea que está trabajando el gobierno (con esa evidencia) no tiene que ver con nuestra clienta”, afirmó para pedirle al juez que no le entreguen nada de esa evidencia porque no quieren ser custodios de material sensitivo que, según ellos, no tiene que ver con lo cargos contra Vázquez Garced.
La acusación federal plantea que Herrera Velutini y Rossini ejecutaron un plan en el que sobornaron a Vázquez Garced e intentaron sobornar al actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, a través de un intermediario con el fin de que el banquero pudiera controlar la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y manejarla a su antojo, principalmente aniquilando una auditoría que esa dependencia hizo contra su banco, Bancrédito International Bank & Trust.
El juez Arias Marxuach anticipó que en las próximas semanas estaría resolviendo sobre la evidencia entregada bajo CIPA y señaló una vista de seguimiento para el 6 de junio.
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