Mientras que la Ley de Armas actual prohíbe el establecimiento de armerías a una milla de los planteles, la Cámara lo bajó a 300 metros.

Con el representante Luis «Narmito» Ortiz Lugo y el exalcalde popular de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, como puntas de lanza, la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA) consiguió que la Cámara de Representantes redujera la distancia a la que puede establecerse un club de tiro en comparación con un plantel escolar, lo que favorece un caso administrativo que mantiene el presidente de la entidad, y también cabildero en la Legislatura, Ariel Torres Meléndez.

Los cambios ocurrieron en un proyecto sustitutivo de los proyectos de la Cámara 382 y 575. El sustitutivo fue aprobado el 9 de noviembre pasado con 33 votos a favor y 12 en contra. La medida pasó al Senado, donde estás asignada a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador novoprogresista, Thomas Rivera Schatz. Tanto Ortiz Lugo como Rivera Schatz son parte del grupo de políticos a los que CODEPOLA ha homenajeado en su convención anual.

Cuando la legislatura novoprogresista aprobó enmiendas a la Ley de Armas en 2020, estableció que las armerías no podían estar establecidas en un radio de menos de una milla de distancia de un plantel escolar.

En 2021, la Policía intervino con la armería Shooters Sports Armory, que Torres Meléndez preside y que ubica en el edificio del antiguo Tribunal de Primera Instancia en Trujillo Alto. En una acción que todavía está en disputa en el foro administrativo, la agencia decidió revocarle la licencia de armero porque, entre otros hallazgos, el local ubicad a una distancia menor de un plantel escolar que lo que provee la ley. Torres Meléndez intentó impugnar la intervención de la Policía en el tribunal y, antes de que el caso se devolviera al foro administrativo, se produjo una declaración en la que el presidente de CODEPOLA admitía que las enmiendas a la Ley de Armas que empujaba le beneficiaban su caso.

De hecho, Shooters tiene cinco planteles, públicos y privados, dentro del radio de la milla que dicta la ley y, además de armería, opera un club de tiro.

Con las enmiendas que aprobó la Cámara, Shooters estaría en ley si puede probar que está ubicada a 300 metros o más de la escuela más cercana y la operación de su club de tiro también quedaría cubierta por la ley.

Durante la consideración del sustitutivo en el pleno, solo el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, José B. Márquez Reyes, asumió un turno y basó su oposición en un informe del Instituto de Estadísticas que plantea que Puerto Rico es la jurisdicción con mayor proporción de homicidios de hombres con armas de fuego. ‘‘Hemos visto muchos casos, ya sea de accidentes, homicidios o violencia de género, que son cometidos por personas que tienen acceso legal a un arma. Yo me cuestiono cuál será la política pública o los criterios para atender esta medida cuando ni tan

siquiera tenemos el insumo del Departamento de Seguridad Pública (DSP)’’, añadió.

De hecho, Márquez Reyes pidió al DSP varias informaciones sobre su fiscalización del trasiego de armas de fuego, incluyendo sobre el Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas que la propia ley establece, y el secretario Alexis Torres Ríos le confirmó que todavía el comité no estaba operando.

«Lo que vemos es un craso incumplimiento con una política pública imprescindible para prevenir el trasiego de armas en Puerto Rico y su vínculo con la criminalidad. Si no hay comité no hay informes anuales y mucho menos planes de acción o prevención. O sea, que aquí se habla de liberalizar la Ley de Armas pero no sabe la hora que es con la actual ni se ha procurado su cumplimiento para prevenir accesos ilegales o inseguros. Esto, cuando menos, es irresponsable y arriesgado en una sociedad con índices tan altos de violencia armada», dijo el legislador sobre la admisión del DSP.

Vea:

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