De manera «sorpresiva» y sin ofrecer razones, el Secretario de Seguridad Pública retiró su apoyo a que la recién creada entidad realice auditorías y análisis forenses sobre el presupuesto asignado a la Reforma de la Policía.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, retiró sorpresivamente y sin explicaciones su recomendación de que la Oficina del Inspector General (OIG) fuera designada por el juez federal Francisco Besosa para realizar trabajo de auditoría sobre el uso que el Negociado de la Policía le ha dado a los $20 millones que se le asignan anualmente para cumplir con la reforma supervisada por el Departamento de Justicia federal.

El cambio de postura está consignado en una moción que Justicia federal sometió en el caso, y en la que enfatizan que el cambio ocurrió sin que el funcionario ofreciera formalmente sus razones. NotiCel intentó comunicarse con Torres Ríos, pero estaba fuera de la isla y no se hizo disponible antes de la publicación de esta historia.

La moción de Justicia federal del 2 de septiembre solo menciona, en una nota al calce, que «un oficial (del DSP) cuestionó en términos generales la independencia de la OIG y que esa dependencia había abierto un proceso en un asunto separado que involucraba al DSP». El gobierno de Puerto Rico «no ha provisto los detalles adicionales que prometió» sobre su decisión «sorpresiva».

La postura de Torres Ríos es un cuestionamiento de alto perfil a la independencia de la oficina que inicialmente fue creada bajo la gobernación de Luis Fortuño en 2010, eliminada por su sucesor, Alejandro García Padilla, en 2013, y restablecida en 2017 por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien nombró como inspectora general, una posición de 10 años, a la exrelacionista profesional y exasesora legislativa, Ivelisse Torres Rivera.

Cuando este diario digital le solicitó reacción a la discusión que se lleva a cabo en el Tribunal Federal sobre su involucración en la reforma, Torres Rivera envió expresiones escritas difíciles de armonizar con los hechos de la discusión.

A través de una portavoz dijo que fue el jueves pasado que se enteró de que la oficina había sido mencionada, «que no es parte del proceso judicial y desconoce los pormenores y razones bajo los cuales fue mencionada en dicho asunto». Sin embargo, en un correo electrónico del fiscal Luis E. Saucedo del 15 de agosto, este afirma que «el gobierno de Puerto Rico y la Oficina del Monitor han tenido comunicaciones preliminares con la OIG» y que estaban «esperando confirmación de la Inspectora General sobre si la OIG tiene los recursos y la disponibilidad para servir como auditor» de la reforma.

En su declaración escrita, Torres Rivera añade que le requerirá al DSP que «explique los detalles del proceso judicial y bajo qué prerrogativas mencionó a la OIG, sin previa consulta y autorización de parte de nuestra entidad».

La Inspectora General hizo alusión a que en una orden del 31 de agosto pasado el juez Besosa comentó que «no estaba convencido» de que la OIG «sea la entidad apropiada para realizar la auditoría». El juez no hizo ningún comentario pero, para Torres Rivera, el juez dijo eso porque la reforma es un proceso bajo la «exclusiva jurisdicción» del tribunal federal y «ciertamente concurrimos con su determinación». Pero el juez no ofreció razones en su orden y, hasta que el DSP retiró su apoyo, todas las partes en el caso, incluyendo Justicia federal y el monitor, habían concluido que la OIG era la opción idónea por las facultades fuertes de intervención en procesos gubernamentales que le da su ley habilitadora. De hecho, aún después de que el DSP cambiara de parecer, Justicia federal continuó recomendando que fuera la OIG la seleccionada.

En una moción que sometieron el miércoles pasado, el gobierno y la Policía se agarraron de las reservas que expresó el juez para, sin dar las explicaciones de por qué retiraron la recomendación de la OIG, proponer que las partes se concentren en buscar una alternativa. Para eso, presentaron a la firma EcoVal, encabezada por el abogado y contador público autorizado Eduardo Soria Rivera, quien tiene 25 años de consultor. Prestó servicios a varias entidades del gobierno, incluyendo a la Policía y, en el campo privado, más recientemente fue designado administrador judicial en la disolución de la empresa J. R. Asphalt, una de las involucradas en la racha de acusaciones de corrupción que ha presentado la fiscalía federal contra varios alcaldes y exalcaldes.

El camino que llegó hasta este episodio con la OIG comenzó el año pasado, cuando Besosa entró en el caso de la reforma tras el ascenso del juez Gustavo Gelpí al Primer Circuito de Boston y de entrada comentó que el caso necesitaba más transparencia en cuanto al uso de fondos asignados a la Policía.

En mayo pasado, el juez emitió una orden que resume los hallazgos preliminares del análisis del uso de esos fondos y resaltó que parte del dinero parece haberse usado para otras necesidades de la Policía que no son atender la reforma. «La manera general en que los fondos para el caso de la reforma se han usado y contabilizado necesita desarrollo significativo. Casi todas las descripciones de gastos fueron extremadamente vagas y no indicaban cómo cada uno estaba relacionado con la reforma. Es crítico que el gobierno y la Policía aclaren cómo las partidas de gastos indicadas están asociadas con una parte específica de la reforma», dijo a la vez que añadió que el gobierno ni siquiera pudo producir información sobre cómo se usó el dinero en 2018.

Lo próximo es conocer si las demás partes se allanan a la propuesta de la Policía de usar EcoVal y si el juez la aprueba sin pedirle explicaciones al DSP sobre por qué retiró su apoyo a la OIG.

Vea:

Juez federal ordena a la Policía divulgar cómo han usado $180 millones asignados a la Reforma