El contratista Aaron Wayne Vick había intentado que el tribunal federal obligara a la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio a garantizarle fianza diferida antes de entregarse.

El contratista Aaron Wayne Vick, coacusado en el caso criminal que presentó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por la compra fallida de pruebas para detectar covid-19 al principio de la pandemia, se entregó ayer, seis meses después de las denuncias, y quedó libre bajo fianza.

Vick quedó involucrado en la trama cuando le pasó su firma digital al abogado Juan Maldonado de Jesús para que este la usara en los documentos que estaba sometiendo al Gobierno de Puerto Rico para obtener en trámite expreso el contrato para suplir un millón de pruebas por $38 millones.

El procesamiento de ayer ocurrió después de que en noviembre pasado la jueza municipal Iraida Rodríguez Castro encontrara causa para arresto en ausencia e impusiera $50,000 por cada uno de los cuatro cargos que enfrenta Vick: tentativa de fraude, falsificación ideológica, traspaso de documento falsificado e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.

En estos seis meses, Vick mantuvo activa una demanda en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en contra de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) por supuesto discrimen y violación de derechos constitucionales porque a Maldonado de Jesús le dieron el privilegio de diferir el pago de fianza, pero a él se le negaba porque reside fuera de Puerto Rico, en Virginia.

En abril pasado, el juez federal Daniel R. Domínguez desestimó la demanda, indicando que no podía obligar al gobierno a determinar condiciones de fianza para una persona que ni siquiera se había presentado a la jurisdicción para enfrentar los cargos. «[E]l tribunal anima fuertemente al demandante a que pase por el proceso aplicable ante el tribunal estatal, como lo mandata la ley», dijo el juez.

Luego de la desestimación, la OPFEI quedaba totalmente liberada de iniciar un proceso de extradición contra Vick, pero el individuo se presentó el jueves junto con sus abogados, Guillermo Ramos Luiña y Leonardo Aldridge, para presentar al juez superior Rafael Taboas los mismos argumentos que presentó en la demanda federal, los cuales el juez declaró no ha lugar. Entonces pidió una revisión de la fianza total de $200,000 a lo que el juez accedió, estableciendo una fianza total de $4,000.

La vista preliminar contra Vick quedó fijada para el 15 de junio y las condiciones de fianza le permiten seguir residiendo en Virginia.

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