Mientras, se anunció el inicio de una investigación legislativa en la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública.

Representantes del Partido Popular Democrático (PPD) cuestionaron el lunes, la decisión del Contralor Electoral de no darle paso a la querella presentada para investigar el Súper PAC “Salvemos a Puerto Rico”, mientras se anunció el inicio de una investigación legislativa en la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública.

El secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, y el representante Héctor Ferrer Santiago, detallaron las inconsistencias de la Oficina del Contralor Electoral al evaluar distintas querellas, entre estas, una presentada por Jorge Dávila sobre el Súper PAC, una sobre la campaña de Wanda Vázquez y otra contra el exgobernador Ricardo Rosselló. Todas fueron resueltas de manera distinta, lo que demuestra una inconsistencia a la hora de atenderlas.

“Una declaración de culpabilidad en el foro federal es más robusta que la propia declaración jurada que hemos sometido. Pero el contralor electoral decidió no atenderla, del mismo modo que despachó la querella presentada por Jorge Dávila en el 2020 basándose en falta de personal y propio conocimiento”, dijo Cruz Burgos en conferencia de prensa.

“Me parece que erró en su interpretación y su adjudicación”, añadió.

Por su parte, Ferrer Santiago le solicitó al Departamento de Hacienda que investigue “si algún donante en el esquema del Súper PAC se benefició contributivamente de la donación política realizada a través de una de las corporaciones sin fines de lucro creadas para burlar la ley electoral federal. Los líderes populares denunciaron que Hacienda no se ha pronunciado para aclarar si alguna de esas empresas, luego de participar en esos esquemas de fundaciones que no son sin fines de lucro bona fide, pudieran haber también reclamado en sus planillas de contribución sobre ingresos deducciones de sus aportaciones a la campaña política que desarrolló finalmente el Super PACS, Salvemos a Puerto Rico”.

Por último, el secretario anunció que iniciarán una investigación legislativa en la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública, que preside el representante Ferrer Santiago.

“La impunidad no puede ser la opción. Todo el que haya cometido un delito tiene que asumir su responsabilidad y pagar por lo que hizo”, concluyó.