Fiscal federal explica los motivos para que Salvemos a Puerto Rico ejecutara esquema para encubrir la identidad de los donantes a favor del Gobernador.

Las motivaciones para ejecutar un esquema de encubrimiento de la identidad de los donantes reales del comité de acción política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc. (SAPR) incluían que así el Gobernador podría conceder beneficios públicos a estos sin que se le criticara como una concesión a donantes.

Esto, y el poder dar donativos cuantiosos fuera de los límites de la ley, fueron las motivaciones para ejecutar el esquema por el que se declaró culpable hoy el amigo personal del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Joseph Anthony Fuentes Fernández, quien preside SAPR y organizó el esquema para realizar la campaña del PAC que benefició al gobernador en primarias y en la elección general.

El fiscal Jonathan Jacobson ofreció las motivaciones del esquema después de que el juez Joseph LaPlante se lo pidiera directamente, aún cuando no es necesario considerar los motivos para cometer el delito en casos como este, en el que la persona se declara culpable.

«Hay un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes obtienen un beneficio al permanecer anónimos. No estarían atados a contribuciones políticas cuantiosas. Más adelante en el camino, a los oficiales públicos no se les podría vincular con los beneficios que se le podrían dar a estos donantes», explicó el fiscal.

Después de que el fiscal explicara cómo se ejecutó el esquema, y las motivaciones para el mismo, el juez preguntó a Fuentes Fernández si estaba de acuerdo con la representación del fiscal y este contestó que «fue certero».

«Solo quiero dejar esto atrás», indicó el contador público autorizado de 62 años sobre la razón para declararse culpable. Fuentes Fernández participó por videoconferencia desde su hogar en Virginia y contestó no solo por sí mismo sino como representante de SAPR ya que la entidad también se declaró culpable.

El juez, quien está asignado al tribunal de New Hampshire y atiende este caso después de la recusación del juez Pedro A. Delgado, aceptó las alegaciones de culpa y pautó la sentencia para el 15 de agosto. Fuentes Fernández no tuvo que prestar fianza pero la Oficina de Probatoria lo calificó un riesgo de fuga por lo que tuvo que entregar su pasaporte y tiene que buscar autorización para cualquier viaje doméstico aparte de la ruta Puerto Rico y capital federal, Virginia o Maryland.

El ahora convicto está en contacto con las autoridades federales sobre la ilegalidad del esquema desde al menos mayo del año pasado y la evidencia en el caso incluyen mensajes de texto que intercambió con otras tres personas no nombradas, pero que participaron de los hechos.

En una conferencia de prensa después de la vista, el jefe de fiscales federales en la isla, W. Stephen Muldrow, se esforzó por limitar el alcance de este caso indicando que no incluye un cargo de conspiración y que se limita a «mentirle a la FEC sobre las verdaderas identidades de los donantes», pero la propia denuncia contra Fuentes Fernández alude a que este obstruyó la justicia cuando divulgó la existencia de la investigación a alguien que era objeto de la misma. Además, el comunicado de prensa de fiscalía sobre el caso alude en todo momento a un esquema ejecutado por «Fuentes y otros».

Reiteró también que no es delito hacer un donativo político y que «las personas que están donando a las otras compañías, esos no tienen que ver con lo que hizo Fuentes Fernández en el sentido de su obligación de decir la verdad (en el FEC)». Pero, ante la pregunta directa de si cometieron delito los donantes que pasaron dinero a las sin fines de lucro fantasmas sabiendo que llegaría al PAC encubriéndose el origen del dinero, contestó que «hay mucho en su pregunta en el sentido de lo que sabía o no sabía la persona cuando estaba donando, y no voy a entrar en eso».

Para detalles del equema y de los donantes involucrados, vea:

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