Mientras la medida es presentada como una rehabilitadora que buscar evitar los castigos crueles e inusitados, las víctimas no han sido escuchadas.

La Cámara de Representantes no ha logrado bajar a votación un proyecto aprobado en el Senado que flexibiliza los criterios bajo los cuales un confinado puede ser candidato a estar en libertad bajo palabra, una medida que se defiende como rehabilitadora, pero mantiene preocupado al Departamento de Justicia, y sobretodo a las víctimas de delito.

De acuerdo a un informe positivo presentado el pasado 25 de febrero de 2022 al Proyecto del Senado 437, la Cámara de Representantes ni siquiera solicitó memoriales explicativos adicionales a los recibidos por el Senado por entender que «la información provista por los comparecientes es más que suficiente para recomendar favorablemente la aprobación de la medida».

La única ocasión en que se atendió esta medida en la Cámara de Representantes fue una vista mark-up, de aprobación en la Comisión de lo Jurídico- presidida por Orlando Aponte Rosario- y el desinterés de los legisladores fue tal que, de acuerdo al propio historial legislativo, «luego de un receso no se obtuvo el quórum requerido por lo que antes de cerrar los trabajos, se convocó a un referéndum durante las próximas 24 horas para llevar a votación la medida».

Finalmente, el referéndum se llevó a cabo el 8 de febrero de 2022 y se recomendó la aprobación de la medida.

Los cambios que introduce el proyecto son, esencialmente, que todo confinado, no importa la cantidad de años que representa la pena impuesta, podrá ser elegible a libertad bajo palabra a más tardar 15 años desde su reclusión y cinco cuando se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. La fórmula es 75% del tiempo de condena, pero nunca más de 15 años.

En condenas de asesinato, reduce de 35 a 25 años, y de 15 a 10 años si es menor procesado y sentenciado como adulto, el tiempo de reclusión mínimo antes de que la persona pueda ser considerada para dicho privilegio. Si la persona tiene una condena por múltiples delitos que un tribunal ha dispuesto que se tienen que cumplir de manera consecutiva (una detrás de la otra) en vez de concurrente (simultáneo), el proyecto ahora va a permitir ser elegible para el privilegio después del término mínimo dispuesto para solo para el delito de pena mayor, en vez de sumar los términos de todos los delitos.

Desde octubre del año pasado, NotiCel había advertido de la medida que flexibiliza los criterios bajo los cuales la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) puede evaluar la concesión de ese beneficio a confinados por la mayoría de los delitos, particularmente asesinato, e incluso aplicarlo de forma retroactiva.

También se advirtió de los reparos de las víctimas de delito y de preocupaciones de fiscales como Janet Parra, que mediante mensaje en sus redes sociales sostuvo que «el delincuente siempre tiene más derechos que la víctima». Confesó su frustración por entender que la medida beneficia al delincuente, no toma en consideración a la víctima del delito y tira por la borda el esfuerzo que realiza la policía y el ministerio Público por arrestar y procesar a las personas que cometen delitos.

“Veo que hay una disponibilidad de ayudar al delincuente, de buscar la manera de que salga a la calle. ¿Y las víctimas qué? Es frustrante porque después que pasamos tanto trabajo, que la Policía y nosotros pasamos tanto trabajo, es como echarlo en un saco roto porque, al fin y al cabo, en este país el delincuente siempre tiene más derechos que la víctima del delito. ¡Que Dios nos ampare!”, dijo.

De acuerdo a fuentes de NotiCel, son precisamente fiscales los que personalmente han hecho esfuerzos para que el informe positivo no baje al hemiciclo.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, también había expresado reservas al proyecto en entrevista con El Push de la Mañana de NotiCel.

“Este tipo de proyecto tienes que trabajarlo no solamente desde el punto de vista de la rehabilitación sino de cómo consideras ese dolor de tantas víctimas y familiares al momento de armonizar esas dos vertientes o visiones distintas en un proyecto. Es importante que las víctimas tengan un papel fundamental en este tipo de proyecto porque tú no te puedes abstraer del dolor de las víctimas”, manifestó el secretario el 15 de octubre del año pasado.

La medida es de la autoría de las senadoras Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, y de Gretchen Hau Irizarry, del Partido Popular Democrático.

Rodríguez Veve ha defendido su proyecto asegurando que tiene un fin de rehabiltación. “Esto es un proyecto que no reduce penas.Lo que sí hace es reducir el tiempo para que una persona privada de libertad pueda ser considerada por la JLBP para que se comience a evaluar su caso de manera tal que si la junta considera que en efecto la persona se rehabilitó, la persona pueda insertarse a la libre comunidad como una persona productiva”, explicó la senadora.

El Departamento de Justicia dejó consignado que se opone a la retroactividad, en un memorial explicativo presentado ante el Senado y que la Cámara de Representantes consideró como suficiente para no indagar.

El informe positivo de la Cámara de Representantes incluye la posición a favor de la Asociación de los Ñetas, que agrupa a confinados, pero no da cuenta de testimonio de las víctimas de delitos.

Además, sostiene que los críticos del proyecto “solo tocan de oído”, pero no conocen las particularidades de cómo realmente trabaja nuestro ordenamiento jurídico en la práctica forense», sin reconocer que el proyecto tiene fuerte oposición entre fiscales que no tocan de oído, sino que viven a diario el procesamiento de los delicuentes y el proceso de dolor de sus víctimas.

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