Solicitó opiniones formales de la Contralora y el Departamento de Justicia.

El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) José Bernardo Marquez Reyes cuestionó el «barrilito» enmendado mediante la Ley 173-2020, para repartirse entre legisladores de distrito, sin ser aprobados por la Legislatura mediante Resolución Conjunta.

El legislador argumentó que esto representa un «andamiaje inconstitucional para el desembolso de fondos públicos», ya que, los legisladores de distrito asumen una función ejecutiva sin tener una aprobación directa de la Asamblea Legislativa.

Antes de culminar sus funciones el pasado cuatrienio, la Legislatura enmendó la Ley 173-2020 para establecer que el Fondo de Mejoras Municipales para obras permanentes se nutriera del .1% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) cobrado por el secretario del Departamento de Hacienda. El pasado año fiscal los fondos de este «barrilito» fueron de $25.9 millones, para ser repartido entre los legisladores de distrito sin consultarse a la Legislatura.

“De por sí tengo objeciones filosóficas con los barriles de tocino, pero al estudiar las enmiendas que se le hicieron al Código de Rentas al final del pasado cuatrienio nos percatamos de un problema constitucional mayor. El Fondo de Mejoras no solo opera con un manto enorme de opacidad que dificulta el conocimiento público sobre los desembolsos, sino que además opera bajo un andamiaje idéntico al que el Tribunal Supremo ya invalidó”, explicó Márquez Reyes.

Márquez se refería al caso Noriega V. Hernández Colón (1994), donde el Tribunal Supremo declaró inconsticional los fondos de un «barril de tocino» por entender que «violenta la separación de poderes existente en nuestro sistema de gobierno».

Además, la decisión del Tribunal Supremo fue apoyada por la Opinión 1989-25 del Departamento de Justicia, dirigido en ese entonces por Héctor Rivera Cruz, quien tildó el esquema como uno insostenible e impermisible.

Hoy, jueves, el representante de MVC envió una carta al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, para conocer si la opinión de la agencia sigue vigente.

Del mismo modo, solicitó a la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso Galib, que evalúe la legalidad y constitucionalidad del Fondo de Mejoras (barrilito). El representante adelantó que la Contralora le aseguró que se estará investigando dentro de la auditoría que ya están trabajando.

Aún así, el legislador no descartó acudir a los tribunales para hacer valer la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Ley 173-2020.

“Estamos yendo paso a paso. En esta etapa hay una auditoría corriendo por parte de la contralora, y además de eso queremos aclarar la opinión del secretario de Justicia. Una vez agotemos esos pasos es posible que también consideremos llegar al Tribunal, y sabemos que para llegar al Tribunal», expuso Marquez Reyes.

Asimismo, contempló radicar un proyecto legislativo a estos fines, pero no es algo que se está trabajando al presente.

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