Por llevar a cabo la graduación del colegio de su exdirectora de oficina con recursos de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, presentó formalmente la querella ética a la representante Lisie Burgos Muñiz.

«En la tarde de hoy radicamos formalmente la querella ética a la portavoz de Proyecto Dignidad, para que este organismo evalúe la evidencia, y todo lo que se ha evaluado en los procesos administrativos en la oficina de Recursos Humanos y las comunicaciones que se han hecho entre este servidor y la legisladora», sostuvo el presidente cameral al cerrar los trabajos de la sesión ordinaria hasta el próximo martes.

«Esperamos que este cuerpo analice respetuosamente los procesos y tome una determinación la cual nosotros acogeremos», abundó Hernández Montañez.

El referido no incluye a la exdirectora de la oficina, Janise Santiago Ramos, ya que al renunciar a su puesto en la Legislatura, la Comisión de Ética no tiene jurisdicción sobre ella, según el presidente de la Cámara de Representantes.

«Al ella renunciar, (la Comisión de Ética) ya no tiene jurisdicción. Esto es una querella, ahora comienza el proceso de investigación y la comisión determina si más allá de lo que nosotros hemos solicitado hay algún otro tipo de elementos que ellos puedan identificar. Esto acaba de comenzar», manifestó el líder cameral.

Además, anunció dos nuevas ordenes administrativas «para evitar cualquier duda a futuro sobre este asunto».

La primera con el fin de establecer los requisitos mínimos de divulgación para actividades extralegislativas que se lleven a cabo fuera de la jornada de trabajo con fines pecunarios.

La segunda orden busca reglamentar el trabajo remoto ante la pandemia del covid-19.

«Tenemos que continuar elevando nuestra vara, manteniendo los procesos de forma justa y responsable» manifestó Hernández Montañez. «Esta Cámara ha demostrado que no hay doble vara, se hacen las cosas bien, y que se atienden, no se están desviando, se están atendiendo», puntualizó.

Por consiguiente, dijo que algunas tendrán sanciones, y algunas podrían requerir expulsión, «esperamos que ese no sea el caso en este cuatrienio, pero no nos va a temblar la mano si hay una decisión final por parte de los foros como la Comisión de Ética», sentenció.

En cuanto a la «falta» de este asunto, el presidente cameral aclaró que el problema no es la graduación que se realizó, sino que la exempleada estuviera laborando en los dos lados.

«La falta es que esté trabajando en los dos lados, que esté facturando al erario público mientras está haciendo actividades del punto de vista privado, en una nueva versión de empleados fantasmas. Cualquier persona que trata de adelantar las causas personales de alguna empresa o institución que pertenece, pero obviamente se tiene que probar», expresó el líder cameral.

El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló aprovechó un turno para felicitar al presidente cameral por tomar la decisión correcta.

«Lamentamos que la licenciada Burgos no actuó como la compañera (Mariana) Nogales que se hizo un autoreferido para que se evaluara en el foro pertinente», expresó el legislador.

La representante Burgos Muñiz no estaba presente en el hemiciclo cuando se anunció la querella ética en su contra.

Antes de celebrarse la sesión ordinaria, la prensa se le acercó a la representante de Proyecto Dignidad a solicitarle expresiones, las cuales rechazó hacer.

«Yo no voy a hacer declaraciones absolutamente de nada en estos momentos. Con mucho gusto, luego de este proceso, haré las declaraciones», sentenció la representante a preguntas de la prensa.

El presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García, adelantó que este asunto se podrá atender el próximo 15 de febrero.

La exdirectora de la oficina de la representante de Proyecto Dignidad simultáneamente era dueña de un colegio cristiano en Carolina. Para la graduación de ese colegio se utilizaron las facilidades del Capitolio y recursos desde sillas, fotógrafos, micrófonos, entre otros.

La graduación fue autorizada por el presidente de la Cámara de Representantes, pero en la misiva no incluía el posible conflicto de que la dueña del colegio era empleada a tiempo completo de la Cámara de Representantes.

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