Las fechas de sentencia de las tres personas que se declararon culpables en el caso de Cataño fueron pospuestas, lo que apunta a cooperación activa con fiscalía federal.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico solicitó que la sentencia del exalcalde de Cataño, Félix «Cano» Delgado Montalvo, y la de dos contratistas involucrados en su esquema de corrupción que estaba pautada para marzo fuera pospuesta hasta el 7 de junio.

La posposición de las vistas de sentencia es normal en casos en los que las personas que se han declarado culpable están cooperando con el gobierno. La posposición puede ocurrir varias veces, con el resultado de que pasen años sin que el tribunal dicte sentencia. Por ejemplo, el recaudador popular Anaudi Pérez Hernández, arrestado en 2015, todavía no ha sido sentenciado y su cooperación ha abarcado ya procesos a nivel federal y a nivel estatal.

El juez presidente del tribunal federal, Raúl Arias Marxuach, accedió a las solicitudes que el fiscal Scott Anderson hizo mediante moción confidencial en los casos de Delgado Montalvo y los contratistas Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos.

La información que se ha hecho pública coloca a Delgado Montalvo en contacto con las autoridades federales desde al menos el 2020 sin que esto se conociera, por lo que eventos que ocurrieron cerca de las elecciones de ese año y alrededor de las tomas de posesión en distintas alcaldías pueden haber sido eventos en los que el exalcalde cumplió funciones como cooperador de las autoridades federales. Santamaría Torres también tiene relaciones de años con municipios, particularmente del Partido Nuevo Progresista, y actuaba como mano derecha del exalcalde de Guaynabo, acusado federal, Ángel Pérez Otero, en la Federación de Alcaldes que agrupa a los ejecutivos municipales de ese partido.

Los documentos públicos en los tres casos no tienen una confirmación explícita de cooperación, pero el jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow, los presentó como ejemplo del tratamiento favorable que su oficina extiende a las personas involucradas en casos de corrupción que deciden acudir a ellos antes de que sean los agentes los que vayan a arrestarlos. Muldrow contrastó estos casos con los de Pérez Otero, el exsocio de Rodríguez Santos, Mario Villegas Vargas, y el exadministrador del municipio de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, que los tres fueron arrestados y enfrentan acusaciones de gran jurado por esquemas en los que estaban involucrados Santamaría Torres y Rodríguez Santos.

Que se conozca hasta ahora, Santamaría Torres se declaró culpable de cometer corrupción en Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto de manera directa o con Rodríguez Santos como intermediario usando varias corporaciones, principal entre ellas Waste Collection Corp., que está en el negocio de desperdicios sólidos. Semanas antes de declararse culpable, Santamaría Torres se salió del grupo directivo de Waste y dejó a personas relacionadas a él, que ahora reclaman que no tuvieron nada que ver con esas ilegalidades y piden no se les pida cuenta por los resultados de esos actos.

De hecho, el viernes pasado la empresa hizo su primera comparecencia judicial formal para desarrollar una defensa por los actos que cometió su fundador y expresidente. Se trata de una contestación a demanda y reconvención (contrademanda) que presentó en el caso con el que la nueva administración del Municipio de Cataño busca anular los contratos de tres empresas involucradas en el esquema de Delgado Montalvo y recobrar los fondos públicos que se le pagaron. Contra Waste, la reclamación del municipio es de $13.4 millones.

«No hubo ninguna ilegalidad de parte de Waste Collection, Corp. para obtener el contrato, así como tampoco tuvo la aquí compareciente ningún conocimiento de lo que era la conducta que describe el Municipio de Cataño sobre lo que hacía el alcalde en ese momento Félix Delgado. De igual forma, la aquí compareciente desconocía que Oscar Santamaría estuviera haciendo gestiones ilícitas con Félix Delgado», dijo el abogado Daniel Cacho Serrano en representación de Waste.

«De Waste Collection, Corp. haber conocido que el alcalde de aquel entonces Félix Delgado estaba en malos pasos la aquí compareciente no hubiese sido parte del contrato», apuntaló al insistir en que el exalcalde tiene que ser traído al pleito.

«(El exalcalde) es parte indispensable en esta acción civil y este Honorable Tribunal debe desestimar la misma hasta que el Municipio de Cataño traiga a Félix Delgado como parte en esta demanda», añade a la vez que rehusó aceptar que fuera cierto el contenido de los documentos de aceptación de culpa radicados en el tribunal federal.

Según esos documentos, Santamaría Torres pagó una comisión ilegal de $2,000 semanales a Delgado Montalvo por lo menos de 2017 a 2021 para que le mantuviera los contratos de las empresas.

Waste ahora no solamente reniega de cualquier conocimiento de los actos que Santamaría Torres realizó hasta apenas el año pasado, sino que en su contrademanda piden que Cataño les pague $20 millones por «pérdida de ingresos sufrida al cancelarle el contrato de servicios vigentes sin que existiera causa justificada»; $25 millones por «afectar adversamente su imagen de negocios limitando sus posibilidades de hacer nuevos negocios»; y $211,141.46 por concepto de deuda pendiente por servicios prestados.

Los contratos con Waste fueron eje del esquema de fraude en Cataño, Trujillo Alto y en Aguas Buenas, cuyo exalcalde, Luis Arroyo Chiqués, también se declaró culpable.

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