Tras una audiencia hoy, el juez Anthony Cuevas Ramos citó para una inspección ocular el 6 de diciembre y otra vista el 15 de diciembre en la que será el contrainterrogatorio al director ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan evaluó hoy, viernes, la solicitud de injuction preliminar solicitada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra la empresa PUMA Energy, para que se le permita utilizar unas válvulas -que PUMA alega que son de su propiedad- para poder suplir combustible a ciertas unidades.

Luego de la vista de hoy, el juez Anthony Cuevas Ramos citó para otra audiencia el miércoles 15 de diciembre a las 9:00 de la mañana, en la que será el contrainterrogatorio al director ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Josué Colón.

Antes de esa nueva audiencia, el juez citó para una inspección ocular al lugar de la controversia el lunes 6 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Para cumplir con estas fechas, el juez Cuevas Ramos también manifestó que va a emitir una nueva orden de entredicho provisional, extendiéndola por 10 dias adicionales a partir del lunes 6 de diciembre, día en que vence la orden vigente.

El pasado 26 de noviembre, la AEE interpuso una demanda contra PUMA luego de que una transferencia de combustible No.2 hacia las unidades 5 y 6 de la Central San Juan fuera detenida por la supuesta negativa de la empresa PUMA a operar unas válvulas y permitir el flujo de combustible desde el Cataño Oil Dock (COD) hacia las unidades.

Según la AEE, dicha acción provocaría la interrupción de la continuidad en el suministro de combustible, y a su vez generaría falta energía eléctrica para miles de abonados.

Tras esos argumentos, el juez Cuevas Ramos, emitió una orden para que se le permitiera a la AEE recibir el combustible, pero citó una vista para dilucidar la controversia, que se llevó a cabo hoy, pero aún no se llegó a una solución.

Durante la vista, Héctor A. Santiago Romero, abogado representante de PUMA Energy, planteó que la AEE formalizó un contrato con otra empresa para el suplido de combustible, y dijo que es esa empresa la encargada de proveer el combustible a la corporación pública.

«La Autoridad ya hizo y formalizó un contrato y en ese contrato se pactó la entrega (del combustible) mediante camión tanque. Aquí existen alternativas, lo que pasa es que la más conveniente es utilizar el equipo de PUMA», dijo Santiago Romero.

El licenciado planteó además que la AEE ha optado por apelar al «miedo» de que «nos vamos a quedar sin luz», pero que «eso no puede ser la razón para que el Tribunal deje de administrar las controversias respecto a derecho», apelando a que las válvulas que buscan utilizar son propiedad de una empresa privada.

En respuesta, el licenciado Arturo Díaz, que representa la AEE, cuestionó la alegada titularidad a la que apeló PUMA, pero el Juez señaló que esa controversia no hacía parte de lo que se atendería hoy.

«Nosotros lo que estamos solicitando es que por el impacto que pudiera tener la no expedicion de la orden, que se expida la orden (para que se le permita a la AEE continuar utilizando las válvulas) en lo que se atiende esa controversia (de la titularidad)», señaló el licenciando Díaz.

Según la AEE, si no tienen acceso o posibilidad a suplir combustible, alrededor de 300,000 abonados podrían quedarse sin servicio eléctrico.

«Estamos hablando de 900,000 personas que se van a ver afectadas seriamente por no tener disponible el servicio eléctrico», sostuvo el letrado al explicar que la cifra de abonados se multipla por tres, que es la media utilizada para establecer el número de personas por residencia.

La defensa de la AEE utilizó al ingeniero y director ejecutivo de la corporación, Josué Colón, como testigo.

En su alocución, Colón planteó que no fue hasta el momento o de comenzar la transferencia de combustible el 25 de noviembre, que «nos notificaron que PUMA se negaba a operar unas válvulas».

Según dijo, han intentado llegar a un acuerdo con PUMA mediante múltiples reuniones, sin que ninguna haya rendido frutos.

Pese a las alegaciones de la corporación pública, el juez Cuevas Ramos se inclinó por recordar que es «muy peligroso» concederle al Estado la incautación de una propiedad privada.

«Esto es muy peligroso, permitirle al Estado que haga una incautación de una propiedad privada bajo el pretexto de que puede ocurrir un daño general a la sociedad, cuando ese daño probablemente fue autoinfligido. Estaríamos dándole al Estado la autoridad de crear los daños para incautar bienes privados. Es peligroso», sentenció.