El ente fiscal advierte que los proyectos legislativos para aumentos a distintos tipos de funcionarios no identifica una fuente de pago para los mismos y chocan con el esfuerzo de reformar el servicio público.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al Gobernador y a la Legislatura que no favorecen el amento de salario a los maestros y otros tipos de funcionarios públicos que están propuestos en varios proyectos legislativos porque no se identifica una fuente para pagar por los mismos y porque choca con sus esfuerzos de reformar todo el andamiaje de recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico.

Las objeciones del ente fiscal están registradas para el Proyecto de la Cámara 513, los Proyectos del Senado 492 y 563 y la Resolución Conjunta del Senado 139. El P de la C 513, que aumenta el salario base de los maestros de $1,750 a $2,700 ya fue aprobado en la Cámara Baja.

Por otro lado, el P del S 492 establece un nuevo salario base de $2,200 para los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el P del S 563 es la medida que complementa el recientemente aprobado aumento del salario mínimo en el sector privado mediante establecer un aumento escalonado del salario mínimo en el sector público que inciaría con $8.50 la hora el 1 de enero de 2022 hasta $10.50 la hora para el 1 de julio de 2024.

Finalmente, la RC 139 ordena a las agencias a realizar estudios de sus necesidades organizacionales y laborales para implementar un aumento en el salario mínimo de sus empleados y para establecer una nueva compensación base de $9.00 por hora para estos.

En cartas separadas al Gobernador, el liderato legislativo y el senador popular Juan Zaragoza, la Junta argumentó que está abierta a discutir la aprobación de las medidas si se identifican los fondos para pagar los aumentos y se le introducen enmiendas para atender otras preocupaciones, como el impacto en la reforma del servicio público que está mandatada para comenzar como un Plan Piloto en el Plan Fiscal vigente.

«Cualquier proyecto que proponga gastar dineero que el gobierno no tiene, sin los correspondientes ahorros o nuevos recaudos es, por definición, inconsistente con el Plan Fiscal y en violación a la Ley PROMESA. Si el proyecto es una prioridad, la Junta está disponible para discutir cómo puede ser modificado para hacerlo consistente con el Plan Fiscal y en cumplimiento con la Ley PROMESA», indicó el ente fiscal en las cartas emitidas el martes pasado.

En el caso de los maestros, que es una de las categorías de empleados públicos que mantienen oposición a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda, principalmente por el efecto en sus planes de retiro, la Junta recalcó que, entre 2019 y 2020, el Plan Fiscal dispuso para un aumento que sumó $2,000 anuales para los maestros y de $5,500 anuales para los directores de escuela.

En cuanto al Plan Piloto de reforma del servicio público, las cartas subrayan que para dotar al gobierno de una plantilla de empleados de calidad, hay que ser análisis de las necesidades laborales reales e implantar un sistema de monitoreo de asistencia y de horas trabajadas.