Los cientos de contratos otorgados sin subasta serán investigados.

El Senado de Puerto Rico aprobó la pasada semana en su sesión ordinaria la Resolución del Senado Número 339, de la autoría del senador del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, en la que se ordena a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía realizar una investigación que permita identificar los gastos y la utilización de recursos fiscales del gobierno para la contratación de entidades privadas para la implementación de proyectos de tecnología en las diferentes agencias.

El senador Aponte Dalmau entiende que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con un sistema de información integrado para las distintas agencias lo que afecta adversamente el acceso fácil y organizado a la información que los ciudadanos necesitan. La forma en que actualmente se otorgan los contratos para el desarrollo de estos sistemas es contraria a la política pública del Gobierno que establece que la oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) debe tener como prioridad la centralización de contratos, servicios y recursos de tecnología, con el fin de estandarizar los sistemas y procedimientos entre las agencias del gobierno para impulsar el desarrollo económico.

La Ley 75 del 2019, impone en el PRITS la obligación legal de centralizar y estandarizar la gestión de las áreas de tecnologías de la información e innovación de las entidades gubernamentales. La propia ley establece que es el PRITS quien tiene la responsabilidad de aprobar los planes estratégicos de la modernización de los sistemas y velar por las operaciones diarias para lograr el uso efectivo de los fondos públicos y una modernización de la prestación de servicios a los ciudadanos. Estas obligaciones, el PRITS las está encomendado a entidades privadas a pesar del alto costo que representan, los riesgos al proteger la información que obra en poder del estado y la relevancia de estas gestiones en la administración pública.

Según fuentes de NotiCel, el senador Aponte Dalmau habrá de concentrar su investigación en los contratos de miles de dólares otorgados sin subasta, sin una adecuada justificación y que pudieron haber sido obtenidos mediante influencias políticas. El pasado mes de abril, se supo que el director de la Oficina de PRITS, Enrique Volckers Nin, contrató por $896,300 a la empresa Code Dog Technology Group LLC, con cuyo dueño mantenía relaciones de negocios en el sector privado previo a su designación. Sin embargo, las fuentes de Noticel coinciden en que las entidades a ser investigadas no tienen que ver con los contratos otorgados a Code Dog Technology, sino a otras empresas que, a pesar de tener experiencia en el desarrollo de tecnología, obtuvieron sus contratos sin mediar competencia y sin necesariamente tener el bienestar del gobierno como una prioridad. La fuente fue más allá y dijo que “[en el tema de tecnología] el fraude, el abuso y el favoritismo son la orden del día”.

PRITS acepta no tener una fiscalización adecuada

En los documentos que acompañan la solicitud de presupuesto del PRITS para el año presupuestario 2020-2021, se detalla que la inversión que actualmente lleva a cabo el Gobierno de Puerto Rico en el desarrollo de tecnología para optimizar la administración pública se estima en miles de millones de dólares. El propio documento se solicitud de fondos establece que “durante los últimos 7 años fiscales, los datos muestran más de 14,000 contratos relacionados con la tecnología para todas las ramas del gobierno que totalizan más de $ 2,000 millones en gastos. Históricamente, ha habido poco control y supervisión del proceso de aprobación de estos contratos en términos de necesidad y alineación con una estrategia cohesiva de todo el gobierno. No existen métricas sobre la efectividad y los resultados de estos servicios contratados y sobre los niveles de cumplimiento de los acuerdos contractuales. Solo en el último año fiscal, los contratos relacionados con tecnología para el poder ejecutivo totalizaron alrededor de $ 317 millones”.