Tras un acuerdo con el Gobernador y la Legislatura

La Junta de Supervisión Fiscal presentó su propuesta de octava enmienda al Plan de Ajuste del Gobierno, la cual no incluye ninguna modificación o «recorte» a los beneficios de pensión de los empleados activos y retirados del Gobierno, según lo dispuesto en la Ley 53-2021 para autorizar la emisión de nuevos bonos de obligación general (OG).

El Plan de Ajuste «es una oportunidad histórica» para que Puerto Rico reduzca la deuda pendiente del Gobierno en casi un 80%, de $33,000 a $7,400 millones, indicó la Junta en un comunicado. En colaboración con la Legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, la Junta de Supervisión acordó las revisiones, lo cual permite la confirmación del Plan para proceder con el objetivo de terminar el proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA.

«El acuerdo con la Legislatura y el Gobierno sobre las pensiones, así como la intención de incluir un mayor porcentaje de cualquier superávit primario proyectado en el Fideicomiso de Reserva de Pensiones, consolida el Plan de Ajuste aún más antes de la vista de confirmación de la próxima semana», afirmó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.

«Al aumentar las aportaciones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones a partir de cualquier superávit primario proyectado, reforzamos el compromiso de asegurar el pago adecuado de las pensiones tal y como lo exige PROMESA. El Fideicomiso de Reserva de Pensiones será la alcancía de los retirados para cualquier futuro desafío económico o fiscal», agregó.

De acuerdo con la Junta, el Plan de Ajuste contempla un mínimo de $175 millones al año destinados a la aportación básica al Fideicomiso de Reserva de Pensiones. Si el Plan Fiscal Certificado proyecta un superávit presupuestario primario (con ciertos ajustes) superior a $1,750 millones en cualquier año determinado a partir de la fecha de vigencia del Plan de Ajuste, la aportación básica al Fideicomiso de Reserva de Pensiones alcanzaría el 50% de ese superávit proyectado. Además, el Gobierno aportaría al Fideicomiso de Reserva de Pensiones durante diez años, frente a los ocho del Plan anterior.

El octavo Plan de Ajuste enmendado también establece una bonificación de participación en el exceso de al menos $2,000 por año para cada miembro de los Servidores Públicos Unidos (SPU)/Concilio 95 de AFSCME, la cual podría aumentar si el rendimiento del Gobierno supera el Plan Fiscal Certificado a la fecha de vigencia del Plan.