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Hasta en la Biblia hay restricciones severas contra infecciones, recuerdan alcaldes en apoyo a manda

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La evidencia en la demanda contra el mandato de vacunación en el sector público quedó sometida a juez federal, pero decisión no vendrá esta semana, cuando se cumple fecha límite para empleados públicos.

La extensión de la vista evidenciaria en la demanda federal contra el mandato de vacunación, que no ha terminado, garantiza que no habrá una decisión a tiempo para detener el plazo del 30 de septiembre que enfrentan todos los empleados del Poder Ejecutivo para demostrar que han completado su ciclo de vacunación, o de lo contrario se exponen a quedar fuera del empleo extinguiendo días por licencia.

“Esto no es justicia de ‘fast food’”, comentó el juez sobre su responsabilidad de tomarse un tiempo apropiado para evaluar todos los testimonios y la evidencia recibida. Según datos divulgados la semana pasada, ya el 90% de los empleados públicos estarían vacunados.

La evidencia de los demandantes y el gobierno quedó sometida ayer, pero la vista ante el juez Pedro Delgado Hernández reanuda el jueves con argumentos finales.

Los trabajos del último día estuvieron ocupados con el interrogatorio, como testigo pericial, a la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán Rodríguez, y el mismo aportó poco a lo que ya había cubierto la misma testigo el lunes así como en el testimonio de la principal oficial médico del gobierno, la doctora Iris Cardona Gerena.

Marzán Rodríguez aceptó que para cuando entró en vigor la Orden Ejecutiva 58 que es objeto de la demanda, ya los indicadores de la pandemia en Puerto Rico reflejaban una tendencia a la baja del pico de agosto que creó la variante Delta, pero defendió la permanencia de los mandatos de vacunación como parte de una “meta de país” que requiere llevar la vacunación al 90%.

“[E]n un asunto de pandemia no somos una burbuja, tenemos que vernos en el contexto de una situación global”, comentó a la vez que indicó que los mandatos de vacunación podrían levantarse si se controla el número de infecciones por lo menos por 28 días consecutivos.

La epidemióloga explicó que, de manera preliminar, ya el COVID-19, “una enfermedad que podemos prevenir”, se coloca como la tercera causa de muerte en la isla. Ante los argumentos de los peritos de los demandantes sobre el control de la pandemia que ha tenido la isla y sus relativamente bajos indicadores de mortalidad y de uso de recursos hospitalarios, la también profesora ripostó que “yo no le puedo explicar a la población y a las 3,142 familias que han perdido a un miembro al covid-19 que eso es un dato estadísticamente insignificativo”.

Mientras se recibía el testimonio de las peritos del gobierno, la Asociación de Alcaldes sometió en el fin de semana su intervención como amigo de la corte en apoyo a los mandatos de vacunación de la Administración Pierluisi.

Al partir del hecho de que la oposición de las cuatro empleadas demandantes está arraigada principalmente en sus convicciones religiosas, los alcaldes le recordaron al juez que hasta en la Biblia se registran medidas restrictivas para controlar infecciones en una población. Por ejemplo, en el libro de Levítico se detallan medidas para atender la lepra y otras enfermedades que conllevaban que los infectados fueran completamente separados del pueblo de Israel.

En la historia de Estados Unidos, señalaron también, el general George Washington emitió el primer mandato de vacunación en 1777 para proteger al Ejército Continental de la varicela.

Los alcaldes, afiliados al Partido Popular Democrático, indicaron al juez Delgado Hernández que su interés en comparecer es porque casi todos los municipios han adoptado una versión del mandato del Ejecutivo, por lo que su decisión en el caso les va a afectar.

“[B]ajo la Primera Enmienda, las demandantes tienen libertad para tener sus convicciones religiosas. Lo que la Constitución no mandata es que el Gobierno actúe de acuerdo a esas creencias religiosas o que las creencias eximan a los creyentes de una regulación legítima del Estado”, argumentaron al señalar el escenario absurdo de que un acusado de asesinato pida ser relevado de responsabilidad penal porque practica una religión que condona el sacrificio humano.

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