La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no aprueba la implementación de la ley.

A oscuras: así se sienten los retirados que llevan esperando la implementación de la Ley 80 desde el año pasado, cuando la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, la firmó.

Ángel Maldonado Morales tiene 58 años y 34 de ellos han sido dedicados al servicio público, específicamente en el Departamento de Justicia. Su solicitud a la Asamblea Legislativa, al Gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es que se implemente la ley 80 de una vez y por todas.

«La papa caliente se la siguen pasando el Gobierno de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Administración de Sistema de Retiro (ASR) y la Autoridad de de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF)», sentenció Maldonado Morales en la Vista Pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.

La Resolución Conjunta del Senado 171 ordena a las entidades gubernamentales pertinentes a que tomen todas las medidas necesarias para implantar el Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80–2020, conocida como ‘’Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos’’.

Maldonado Morales espera que esta pieza legislativa sea el paso necesario para que se implemente la ley 80.

«Le pido a Dios todopoderoso que ilumine a todos ustedes y que se nos dé una respuesta positiva a la implementación de la Ley 80 y que la misma entre en vigor efectiva en el mes de diciembre. Queremos la Ley 80 implementada ya», expresó el portavoz de «Amigos Servidores Públicos».

El portavoz señaló que es momento de hacerle justicia a los trabajadores, que, con sobre 30 años laborando, han desarrollado enfermedades como ha sido su caso, diagnosticado con ansiedad generalizada, nervio ciático, y sangrado interno en el cerebro.

«Todos nosotros, los empleados públicos, sobrepasamos los 30 años hace rato y la verdad es que ahí es cuando comienzan las enfermedades en nuestro cuerpo», expuso Maldonado Morales.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, el representante Domingo Torres García, aseguró que enviaría una carta a la JSF para requerirle la información detallada de las agencias y municipios que identificó como elegibles.

Desde la aprobación de la Ley 80, el ente fiscal ha objetado la implementación del Programa de Retiro Incentivado hasta tanto las entidades aplicables no logren demostrar que generarán los ahorros consistentes con el Plan Fiscal certificado.

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