Los casos positivos presentan menos de 1% de la población correccional, según la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar.

El panorama del covid-19 en las instituciones correccionales parece ser uno positivo, con el 98% de la población vacunada. Sin embargo, brotes han seguido ocurriendo, el más reciente en Ponce, resultando en 263 contagios, de los cuales 237 son confinados y 26 son empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“La realidad podría haber sido otra si el número de vacunación no fuera tan alto. Gracias por la ayuda que brinda la inmunización de la vacuna contra el covid-19 el número no fue muy alto”, afirmó la secretaria del DCR, Ana Escobar, durante la vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez, responsabilizó al área médica en el DRC en no ser proactivos ante los síntomas que presentaban los reclusos.

“Hacemos responsable al área médica. Falló en no atender de manera presencial a los miembros de la población correccional y no enviarlos a que se hicieran las pruebas (de covid-19), confundiendo los síntomas del virus con una gripe normal”, aseveró la presidenta de ACU. “Seguimos teniendo brotes en las instituciones penales. Ya hemos perdido a tres vidas y no queremos perder a ninguno más”, advirtió.

Asimismo, el enfermero Julio Pizarro Valdés, portavoz de Unión Laboral de Enfermos y Empleados de Salud, denunció que hacen falta mejores condiciones laborales dentro del sistema correccional.

“Son muchos los años que el personal de enfermería carece de justicia en el factor profesional y económico. El DCR no cuenta con la estructura para reclasificar al personal de Enfermería y Trabajadores de Salud”, añadió Pizarro Valdés, quien lleva 36 años trabajando en la dependencia.

La secretaria del DCR reconoció la falla de la agencia, y reiteró que el personal médico no siguió el protocolo establecido, en el cual se supone que a raíz de cualquier síntoma se realice una prueba de covid-19.

En cuanto al protocolo de visitas ante la pandemia, Escobar indicó que se limitan a una a la semana por un periodo de 30 minutos como máximo, y se limita a personas vacunadas y con el uso obligatorio de mascarillas.

“Al momento se ha reducido la cantidad de visitantes. No es igual a como eran las visitas antes del covid-19. Muchos de los familiares no asisten a las visitas por miedo a contagiar o salir contagiados”, explicó la funcionaria.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante Jesús Manuel Ortíz, se comprometió a seguir investigando y fiscalizando este tema.

“Yo voy hacer muy insistente en fiscalizar, velar y colaborar en que se lleve a cabo los protocolos que se deben de llevar. Tenemos una obligación como Gobierno de garantizar la rehabilitación de los confinados que están cumpliendo su sentencia en las instituciones y una obligación moral con los oficiales de corrección y personal en las distintas áreas que realizan un trabajo difícil todos los días”, concluyó el legislador.

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