Alega que pedir evidencia de vacunación contra el covid-19 crea un ambiente «de segregación en el pueblo de Puerto Rico».

La portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, informó el martes, que radicó la Resolución Concurrente de la Cámara 32, con la que busca eliminar las Órdenes Ejecutivas OE-2021-058, OE-2021-062, OE-2021-063 y OE-2021-064 relacionadas a la vacunación compulsoria emitidas recientemente por el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia.

Según la legisladora, de aprobarse tal Resolución, quedaría sin efecto la obligación de los patronos, tanto públicos como privados, de exigir a sus empleados evidencia de vacunación o resultado negativo semanal de COVID-19. Además, esta Resolución eliminaría la obligación de los comercios de exigir evidencia de vacunación o prueba negativa a sus visitantes.

“La Resolución que radiqué en la tarde de ayer, lo que busca es eliminar todas aquellas Órdenes Ejecutivas que imponen un ambiente de segregación en el pueblo de Puerto Rico. Es irrazonable que a los vacunados no se les exija una prueba negativa en sus trabajos o en los comercios, cuando sabemos que los vacunados también pueden contagiarse y transmitir el virus. Un vacunado puede contagiarse en su trabajo o en un negocio, y luego transmitir el COVID-19 a un familiar en su casa, independientemente si dicho familiar se encuentra o no vacunado. Por esta razón, las Órdenes Ejecutivas del Gobernador no buscan detener el contagio, más bien son Órdenes coercitivas para presionar a la ciudadanía a vacunarse. Me reitero que gobernar a través de la coerción y la intimidación es muy peligroso para nuestra democracia”, afirmó la representante por acumulación en comunicación escrita.

Expuso, con respecto a las medidas salubristas que se mantendrían vigentes de aprobarse la Resolución Concurrente de la Cámara 32, Burgos Muñiz comentó: “Mi Resolución deja intacta la Orden Administrativa 512 del Departamento de Salud de Puerto Rico. Esto significa que toda operación privada o pública, en lugares cerrados, continuará exigiendo a sus visitantes el uso de mascarilla, independientemente estos se encuentren vacunados o no. Por otro lado, en lugares abiertos, todas las personas, vacunadas y no vacunadas, deberán utilizar mascarilla cuando no puedan guardar el distanciamiento social de seis pies. De esta manera brindamos a la ciudadanía una medida de protección más razonable contra el COVID-19”.

Por otro lado, la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, anunció la radicación de la Resolución de la Cámara 522 para investigar la denegatoria de servicios médicos a pacientes no vacunados contra el COVID-19.

“Recientemente nos enteramos del fallecimiento de la señora Maribel Rivera Sánchez, cuya historia salió a la luz pública luego de que a esta se le denegaran servicios médicos por no estar vacunada contra el COVID-19. Entendemos que este caso, al igual que otros cientos de casos de discrimen en los servicios de salud contra los no vacunados, ameritan una investigación exhaustiva por parte de la Cámara de Representantes. De ser aprobada mi Resolución, esta ordenaría a la Comisión de Salud investigar la denegatoria de servicios que varios ciudadanos han alegado que sufrieron. Espero que la Cámara de Representantes dé curso inmediato a la Resolución de la Cámara 522. De esta manera podremos identificar cuál es el curso de acción a seguir para propiciar la rendición de cuentas, por parte de la clase médica, ante la violación de los Cánones de Ética de dicha profesión, Leyes Federales y Leyes Estatales por las alegadas denegatorias de servicios de salud denunciadas por la ciudadanía”, concluyó.