Jueza federal establece plazo para concluir revisión de evidencia “inmensa” y negociaciones con fiscalía en caso criminal por inversión en MEDI.

La jueza federal Aida Delgado Colón otorgó hasta el 29 de septiembre para que la fiscalía y los acusados por el fraude de una inversión de $9 millones en fondos públicos terminen negociaciones e informen quién irá a juicio y quién llegó a acuerdo para declararse culpable.

La radicación del caso el 22 de marzo pasado rompió el dique de imputaciones de mal manejo en la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), la cual encabeza el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, como su presidente de Junta de Directores.

La acusación gira sobre una asignación de $9 millones que la Legislatura hizo al ayuntamiento para la construcción de un nuevo Centro de Trauma que sirviera al área oeste y que, en vez, el alcalde pasó a MEDI para que se manejara como una inversión especulativa que, según el pliego, realmente terminó en los bolsillos de los acusados. Los acusados son Eugenio García Jiménez, exasesor del municipio y MEDI, Arnaldo Irizarry Irizarry, exjuez y exasesor legal del alcalde, Alejandro Riera Fernández, exdirector ejecutivo de MEDI, Roberto Mejill Tellado, exasesor del municipio, los hermanos Joseph y Stephen Kirkland y Steve Minger.

Según divulgaron en una vista de status ayer, el fiscal Seth Erbe completó la entrega del descubrimiento de prueba hace aproximadamente un mes, pero ninguno de los acusados dijo haber terminado la revisión de la misma y discusión con sus clientes. El más adelantado parece ser Irizarry Irizarry, cuyo abogado dijo que la semana que viene tiene reunión pautada con fiscalía.

La licenciada Laura Maldonado Rodríguez, representante de Stephen Kirkland, dijo que “no estaban ni cerca” de poder discutir con su cliente la “inmensa cantidad de documentación”, mientras que el abogado de Riera Fernández, Diego Alcalá Laboy, precisó que se le entregaron 45,000 documentos como parte del descubrimiento. El abogado de Joseph Kirkland, Benito Rodríguez Massó, introdujo también la particularidad de que su cliente no lee o entiende español y la mayoría de la prueba es en español.

La jueza Delgado Colón dijo que entiende lo de la prueba “voluminosa”, pero “espero que no dejen este caso al rescoldo y que hagan la asignación”, por lo que puso hasta el 10 de septiembre para concluir cualquier discusión con fiscalía sobre el descubrimiento y hasta el 29 de septiembre para una conferencia final, o de antelación a juicio, en la que espera que ya todos tengan “una idea clara de dónde están parados en cuanto a negociaciones”.

Las transacciones que se hicieron a través de MEDI son objeto de cinco pleitos de distinto tipo. Además, son objeto de una investigación criminal a cargo del Departamento de Justicia de Puerto Rico que tiene como objeto al propio alcalde. Por otro lado, la Oficina de Ética Gubernamental divulgó el lunes una querella contra Rodríguez Rodríguez por haber nepotismo, debido a nombramientos ilegales a su hermano, Osvaldo Rodríguez Rodríguez, que le pueden representar una multa de hasta $140,000.

Vea:

Fondos para el Centro de Trauma cayeron en fraude bajo las narices del Municipio de Mayagüez

Piden multa de $140,000 contra Guillito por nepotismo