En el Senado se discute un proyecto que busca la derogación de estas leyes.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reiteró ante la Legislatura su oposición a que se deroguen las leyes 20 y 22 como propone un proyecto de Ley que se debate en el Senado de Puerto Rico.

La medida, el Proyecto del Senado 40, radicado por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, fue objeto de vistas públicas ayer en la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal que preside el senador Juan Zaragoza Gómez.

Allí el director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC, Carlos Ríos, indicó que los diversos estudios realizados sobre concluyen que estas leyes han aportado positivamente al desarrollo económico de Puerto Rico.

“Específicamente, los estudios reflejan que estas leyes han generado empleos e inversión. Se trata de actividad económica que difícilmente ocurriría a no ser por los incentivos ofrecidos”, dijo.

El presidente de la comisión senatorial reconoció, mientras tanto, que hay que considerar los beneficios de la Ley 20 y la Ley 22 por separado. “Son dos criaturas diferentes”, sostuvo al expresar sus dudas sobre la efectividad de la segunda.

Por su parte, el director de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán, insistió en que ambos programas han sido efectivos y que derogar estas leyes crearía un limbo jurídico. “En estos momentos no tengo base para recomendar una derogación”, declaró a preguntas de la senadora Migdalia Padilla.

Fontán reiteró ante el comité legislativo las gestiones de fiscalización que está realizando el DDEC desde principios de este año y que les ha llevado hasta ahora a evaluar sobre 250 expedientes físicos y al envío de 1,086 cartas por inclumplimiento del requisito de someter informes anuales al Departamento.

Oposición de Fomento

Otros que se opusieron a la derogación de estos estatutos fueron el Grupo de Exfuncionarios de Fomento (GEF) que también participaron de la vista. “Las Leyes 20-2012 y 22-2012 si bien pudiesen ser mejoradas, han sido positivas para Puerto Rico. Así lo refleja el reporte anual emitido por Estudios Técnicos al Gobernador de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa en octubre de 2019, sobre el impacto económico y financiero de estas leyes”, señaló el coordinador del GEF, Antonio Colorado.

Recalcaron, por otra parte, que el constante cambio de legislación de desarrollo económico reduce la efectividad de esa legislación y de los esfuerzos para promover la isla como destino atractivo principal.

“Un país o un estado debe otorgar, según sus circunstancias, los beneficios que son necesarios para atraer a los inversionistas que necesita, pero lo que no debe hacer es aprobar legislación que afecte negativamente los derechos adquiridos bajo un decreto, a menos que sea con el consentimiento del beneficiario. El GEF se opone a la aprobación del P del S. 40”, afirmó Colorado.

EL economista José Caraballo Cueto, que recientemente complete un estudio sobre el impacto de ambas leyes, aclaró la diferencia entre ambas.

“La Ley 20 de 2012 otorga una tasa preferencial del 4% a corporaciones o individuos radicados en Puerto Rico que estén exportando servicios. Estos participantes no tienen que ser extranjeros para participar, no compiten con empresas existentes en la Isla ya que su clientela esta fuera de Puerto Rico y no están exentos de pagar otros tributos como lo son sus ganancias de capital (alquileres , dividendos e intereses , entre otras). La Ley 22 de 2012, por otro lado, otorga una exención total de impuestos sobre ganancias de capital a inversionistas extranjeros que trasladen su residencia principal a Puerto Rico. La Ley 22 no exime del pago de impuestos de nómina o sobre la propiedad”

Reprodujo ante los senadores las conclusiones de su estudio que el impacto económico de las Leyes 20 y 22 de 2012 es positivo, pero moderado, que el empleo total fue 3% mayor de lo que hubiese ocurrido sino se aprueban estas leyes y que la actividad económica en general, fue 2% mayor de su contractual hasta agosto 2017.

“Es decir, estos incentivos no le restan actividad económica a Puerto Rico, pero tienen un potencial mayor que se puede aprovechar”, insistió.

Consistente con las recomendaciones de su estudio, le propuso al Senado reconsidere el proyecto para cambiar solo lo concerniente a los donativos elegibles de estos participantes, y que se haga una reforma para potenciar el impacto económico y se eliminen los aspectos no deseables de ambas leyes.

“En el caso de la Ley 22 de 2012 sugiero que su reforma vaya dirigida a exigir el formulario 1040PR y 940PR anualmente, antes y después del incentivo para monitorear puntualmente el impacto de cada decreto; exigir un mínimo de cinco empleos; exigir un mínimo de inversión de $2 millones en activos locales o en inversiones fuera de los bienes raíces, para poder participar de una tasa reducida de 4% en ganancias de capital; hacerle una revisión criminal a todos los solicitantes y exigirle que vivan al menos nueve meses en Puerto Rico”, dijo.