El municipio depositó basura en una zona de amortiguamento ecológicamente sensible que dijo sería precisamente para proteger la propiedad de sus vecinos.

El municipio de Carolina depositó basura en una zona de amortiguamiento de su vertedero municipal que es ecológicamente sensible y en la que se supone no depositaran desperdicios para no afectar a propiedades colindantes, reclama uno de los vecinos de la instalación, la Caribbean Golf Academy (CGA).

Las alegaciones involucran a la esposa del acalde, José C. Aponte Dalmau, y constan en una reclamación extrajudicial que sometió CGA en abril de este año. El municipio no ofreció respuesta a NotiCel debido a que reconocen que hay un potencial de litigio.

El municipio opera el vertedero desde hace unos 50 años y el área en disputa es una de 35 cuerdas que expropiaron a la Hacienda Campo Rico en 2004 con la justificación de que se usarían como “zona de amortiguamiento”.

Pero la ciudad instaló allí una celda de disposición de desperdicios que espera operar por 15 años y en el que ya se han depositado unos 1.3 millones de metros cúbicos representando una “expansión lateral” que “invadió ilegalmente los terrenos propiedad de CGA”, según sostuvo en carta el presidente de CGA, Luis A. Rivera Ortiz. La empresa pide el cese de los depósitos, un plan de mitigación y $10 millones en compensación.

CGA acusa al municipio de haber hecho planteamientos falsos a agencias reguladoras y tribunales cuando tramitaron la zona de amortiguamiento, la cual comenzó a través la ingeniero Mabel López como gerente del Área de Infraestructura y Uso de Terreno. La funcionaria, quien es la esposa del alcalde, luego pasó a trabajar con Landfill Technologies LLC, el operador privado que el municipio tiene contratado para esa instalación.

La empresa alega también que el depósito de desperdicios en la zona de amortiguamiento violenta varias leyes, incluyendo las que protegen la zona del Carso, los planes especiales de protección de Piñones, cuevas, mogotes, yacimientos arqueológicos y otros estatutos y reglamentos locales y federales. Aunque el municipio no accedió a contestar preguntas de este diario digital, en respuestas escritas a CGA, la jefa de la división legal, Carmen Longoria Arzuaga dijo que “negamos que haya ningún impacto dañino al ambiente (ni) contaminacion alguna… [N]egamos rotundamente cualquier alegada irregularidad o violación a ley, proceso o reglamento”.

Por su parte, Javier Vázquez, representante legal de Landfill, defendió la “diligencia” del municipio en la planificación y desarrollo del vertedero, que incluye separación de materiales reciclables, uso de gas metano como energía, recuperación de metales y composta. Adujo que la queja se debe a que los reclamantes “quieren desarrollar un proyecto turístico al lado de un desarrollo industrial y claro, les molesta” añadiendo que el vertedero estaba en el lugar primero que CGA.

Vázquez aceptó que se están depositando desperdicios en la zona de amortiguamiento, pero asegura que eso le está permitido al municipio y que tanto el regulador local como el federal aprobaron la creación y operación de la celda en esa zona. Sobre las imputaciones de violaciones a leyes y regulaciones ambientales, concedió que “podría ser” que la zona tenga sensitividad ecológica, pero que eso sería materia de evaluación de un tribunal si se formaliza un pleito.

“Casi todos los vertederos de Puerto Rico están colocados en un sitio donde cerca hay algún tipo de sensibilidad ambiental, el caso más crítico es el de Arecibo, que está metido en el Caño Tiburones… y nadie se plantea sacarlo de allí”, opinó sobre otra instalación municipal que su empresa también ha operado.