Los hechos quedaron descubiertos mediante auditoría de la Contraloría y ocurrieron bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González Colón.

La jueza superior Wanda Cruz Ayala declaró culpables esta tarde a tres exfuncionarios públicos y dos contratistas que participaron en un esquema millonario de fraude en la Superintendencia del Capitolio hace una década bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González Colón y que fue descubierta mediante una auditoría de la Oficina del Contralor.

El informe de auditoría salió en 2016 y contiene hechos cometidos en el cuatrienio de 2009 a 2012, cuando Rivera Schatz era presidente del Senado, González Colón era presidenta de la Cámara de Representantes, y Eliezer Velázquez, un allegado político de Rivera Schatz, era Superintendente del Capitolio. Ese análisis identificó 19 empleados y funcionarios que recibieron 158 cheques (un total de $137,326) por tramitar facturas ilegales, firmas falsas y documentos alterados para beneficiar a contratistas con por lo menos $2.9 millones en fondos públicos.

Al presentar cargos, el Departamento de Justicia incluyó a Velázquez, así como a su ayudante especial, gerentes de Servicios Administrativos y de Proyectos de Construcción, oficiales pagadores y de Subastas y Compradora. Velázquez enfrentó acusaciones bajo la ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas por alegadamente utilizar propiedad del gobierno para desarrollar su campaña senatorial por el distrito de Ponce y recibir donativos ilegales. Pero su caso fue desestimado sin perjuicio en la etapa de vista preliminar por extenderse más allá del periodo de 60 días para ver el caso en esa etapa y por no contar con todos los testigos necesarios para presentar el caso en ese momento.

Tras ese cuatrienio en la Superintendencia, Velázquez se convirtió en administrador del Municipio de Ponce, con la exalcaldesa, ahora delegada congresional, María Meléndez, donde enfrentó señalamientos por contratar a Restaura Contractors, la misma empresa involucrada en el esquema de fraude de la Superintendencia. Luego volvió a la nómina legislativa en 2017 bajo la Oficina Regional de Asuntos Gubernamentales del Senado en Ponce cuando Rivera Schatz regresó a la presidencia del Senado. El exsuperintendente tenía pendientes los cargos criminales cuando el Senado le dio empleo.

Del grupo de acusado, dos exfuncionarias, Jamilette Ramírez Sánchez y Gladys Alberto Torres, se declararon culpables en 2017 bajo acuerdos que eliminaban los cargos más graves y abrían la oportunidad de cumplir solo probatoria. El acuerdo estuvo disponible para los cinco condenados hoy, pero decidieron proseguir a juicio.

Los declarados culpables con un total de 39 cargos fueron el contratista Edil Danois Román y su exesposa Eliana Cuervo Sierra, lso exgerentes de servicios administrativos, Juan Carlos Acosta Ramírez, y de proyectos de construcción, Alex Martínez Morales, así como el ingeniero en entrenamiento Endel Rodríguez Cortés. Solo Martínez Morales tuvo un cargo desestimado, por apropiación ilegal.

Durante la campaña de 2016, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares calificó este caso como un “balón político” del opositor Partido Popular Democrático.

La presentación del caso por parte del Ministerio Público estuvo a cargo de las fiscales Wilda Nin Pacheco y Gretchen Camacho Rossy.

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